Este documento presenta varios aspectos sociales, económicos y políticos de Chile durante el siglo XX a través de diferentes lecturas. Aborda temas como la migración del campo a la ciudad y el surgimiento de barrios marginales, los debates sobre la cuestión social entre 1880-1920, los primeros movimientos sociales chilenos entre 1890-1920 incluyendo el movimiento obrero y sus líderes, y el movimiento mapuche y su relación con el Estado durante este período.

1.
LECTURAS PARA
EL ESTUDIO DE
LA HISTORIA DE
CHILE EN EL
SIGLO XX
Aspectos sociales, económicos y
políticos
Selección de lecturas tomadas de www.memoriachilena.cl
Profesor: Rodrigo Acevedo M.

2. ASPECTOS SOCIALES
MIGRACIÓN CAMPO CIUDAD (1885-1952)
El surgimiento de los barrios marginales
Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó un
fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron relacionadas con
factores macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a partir de 1850 comenzó a
experimentar el sistema primario exportador, basado en la producción de trigo y plata. En
segundo lugar, se inició un sostenido crecimiento minero en función de nuevas actividades,
fundamentalmente el salitre y el cobre, en detrimento de los productos señalados. Para la
explotación del salitre, la población empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos
del norte grande: las oficinas salitreras. Además, aumentaron los habitantes en los puertos
de salida del mineral. En el caso de la agricultura, los grandes propietarios del valle
central iniciaron un proceso de expansión y modernización, para cultivar sus tierras a costa
de los pequeños y medianos productores, que fueron expulsados o empeoraron sus ya
precarias condiciones de vida.
Ambos fenómenos de transformación económica, provocaron un crecimiento de la
inversión extranjera y nacional, permitiendo que el aumento de la acumulación de capital
expandiera el mercado interno. De esta forma, el Estado incrementó su tamaño y funciones
y, a principios del siglo XX, el país inició un proceso de industrialización en algunas
provincias. La acumulación capitalista, sin embargo, se concentró sólo en los grandes
centros urbanos -fundamentalmente Santiago-, por lo que éstos fueron creciendo a una tasa
más elevada que el resto del país. Fue así como su demanda por mano de obra calificada
para nuevos servicios, los transformó en polo de atracción laboral en actividades tales
como la construcción de obras públicas, el servicio doméstico, el empleo público y el
servicio militar.
Este fenómeno, asociado al surgimiento de economías de escala, fomentó un aumento de la
especialización productiva, que muchos migrantes apreciaron como una gran oportunidad
laboral.
Se desarrolló así una migración heterogénea y fluctuante, en la que las ciudades de
pequeño o mediano tamaño fueron escala necesaria para los desplazamientos. Esto
provocó, sobre todo en la capital del país, un fenómeno de sobrepoblación y saturación de
la infraestructura urbana, surgiendo el problema del acceso a viviendas dignas.
Buscando remediar este problema, en 1939, el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda creó la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), base de un programa estatal de
industrialización para la sustitución de importaciones. No obstante, el costo político de la
creación de CORFO fue mantener inmutable la legislación sindical en el agro, por lo que
las condiciones de vida de los campesinos, el principal grupo atraído por la migración,
continuaron tan desmejoradas como en el pasado. Además, las motivaciones de este sector
social no eran una cuestión fácil de determinar. En efecto, muchos emigraron por falta de
trabajo o poca capacitación laboral; mientras otros, por una búsqueda de ascenso social, y
para asimilar los valores urbanos. En consecuencia, la migración campo ciudad se mantuvo
en ascenso durante la década de 1950, provocando en la capital las primeras tomas ilegales
de terreno, origen a su vez de los barrios marginales.

3. ASPECTOS SOCIALES
LA CUESTIÓN SOCIAL EN CHILE (1880-1920)
Pensamientos y debates
Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la
década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual.
No obstante, ya desde finales de siglo XIX muchos elementos se conjugaron para
transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son, un contexto
económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente
industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas
condiciones de vida del trabajador urbano; una clase dirigente ciega e ineficiente ante
los problemas y quejas del mundo popular; y, finalmente, una clase trabajadora que ya no
estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado oligárquico
llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas.
Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales
que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores
sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables
escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas
y motivos, además de las posibles alternativas de solución. Esta amplia gama de debates
políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes.
La primera corriente se originó al interior del mundo conservador-católico, que a partir de
la Encíclica Rerum Novarum adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia
católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que
desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la
responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material
como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la
justicia. En síntesis, más acción social y menos caridad.
En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y
donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos
sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema
estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la
explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por
consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre
mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y
asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores.
Una tercera tendencia, fue la corriente socialista, impulsada por sectores pertenecientes a
la clase trabajadora. Para este sector, los problemas sociales fueron consecuencia de la
propia existencia del Estado liberal y del sistema capitalista; y declararon que su solución
no pasó por la acción caritativa de la clase dirigente ni por las medidas de corte
proteccionista que reclamaron algunos liberales, sino que radicó en la acción y el poder
autónomo de los propios trabajadores.
A pesar de sus diferencias, cada una de estas tres corrientes coincidió en la urgente
necesidad de otorgar pronta solución a los problemas derivados de la cuestión social, que
hacia el año 1920 se convirtió en una preocupante cuestión política, traspasando las
fronteras de la opinión pública e insertándose de lleno en los planes del Gobierno y del
Congreso Nacional.

4. ASPECTOS SOCIALES
PRIMEROS MOVIMIENTOS SOCIALES CHILENOS (1890-1920)
El movimiento popular en el siglo XX
El movimiento social en Chile, durante el siglo XX, estuvo directamente relacionado con
las luchas y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y
trabajo, y fue a partir de estas luchas que se constituyó en un actor de la vida política con
una identidad ideológica definida.
En Chile, a fines del siglo XIX, se vivió un período de prosperidad económica que se
prolongó hasta la década de 1920, pero que no logró mitigar la situación de pobreza que
afectaba a parte importante de la población.
Las primeras manifestaciones del nuevo movimiento social, surgieron en los centros
mineros, puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus protagonistas y las
mutuales, sus organizaciones. Luego, con la transformación de las mutuales en
mancomunales o sociedades de resistencia, el surgimiento de partidos políticos obreros y la
aparición de líderes sindicales, se inició una etapa caracterizada por un mayor contenido
ideológico que radicalizó los postulados del movimiento.
En 1910, ya había más de 400 organizaciones mutualistas y un número creciente de
sindicatos de trabajadores de la metalurgia, de empleados ferroviarios y tipógrafos, entre
otros. La celebración del 1 de mayo (día mundial del trabajador) fue, año a año, creciendo
en convocatoria popular, para llegar a reunir, en 1907, a más de 30 mil personas en las
calles de Santiago.
Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas y la falta de respuestas positivas
por parte de las autoridades, provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga
portuaria de Valparaíso, en 1903, la huelga de la carne, en Santiago, el año 1905, y la
masacre de Santa María de Iquique, en 1907, son ejemplos de las primeras gestas
reivindicativas del movimiento social chileno. En ellas hubo participación no sólo de
obreros y artesanos, sino también de sus mujeres e hijos. Sin embargo, la masacre
producida en Iquique frenó esta ola de huelgas.
En 1909, se fundó la Federación Obrera de Chile (FOCH) y en 1912, nació el Partido
Obrero Socialista (POS), liderado por Luis Emilio Recabarren, con lo que el movimiento
social adquirió mayor consistencia ideológica.
Las primeras reivindicaciones logradas por el movimiento social fueron: el derecho al
descanso dominical, mejoras en las viviendas obreras y la Ley de Accidentes del Trabajo.
Más tarde, el alto costo de la vida motivó la organización de la Asamblea Obrera de la
Alimentación que convocó a las marchas del hambre en Santiago, en los años 1918 y
1919.
Después de 1917, los sindicatos obreros gozaron de un rápido crecimiento, registrándose
unas ciento treinta huelgas entre 1917 y 1920, a lo largo de todo Chile. En la región de
Magallanes se produjo una gran huelga y los estudiantes universitarios, a través de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), asumieron un rol activo,
desde 1920, en las luchas reivindicativas de la clase trabajadora. Por esos años, también
comienza la incorporación del campesinado en el movimiento social chileno, que llegó en
la década de 1930 a sus años de esplendor.

5. ASPECTOS SOCIALES
EL MOVIMIENTO MAPUCHE Y EL ESTADO EN EL SIGLO XX
Entre la autonomía y la integración
Durante el siglo XIX Europa fue el ejemplo de la civilización humana. En este contexto, los
chilenos cultos no valoraron la cultura indígena y consideraron el territorio mapuche como
tierras vacías dispuestas para la colonización. En consecuencia, en 1866, se aprobaron las
primeras leyes que permitieron la ocupación de la Araucanía. Junto a las tropas llegaron a
las regiones del sur los agrimensores y los colonos. Sin embargo, debido a la gran presencia
de indígenas, la idea de tierras vacías fue insostenible y se optó, entonces, por reducir el
espacio ocupado por el pueblo mapuche. El sistema de radicación a la tierra por medio del
cual se sometió a los indígenas provocó la crisis de la sociedad mapuche decimonónica.
El asentamiento fue el principal factor que contribuyó a la constitución del minifundio
mapuche pues las familias fueron creciendo y más personas debieron compartir los mismos
espacios. Muchas tierras se degradaron, perdiendo su calidad y productividad.
El resto de la tierra ocupada militarmente fue sacada a remate por el Estado y utilizada por
colonos chilenos y extranjeros para su aprovechamiento productivo. Otros espacios fueron
obtenidos mediante presiones y artimañas legales. En las primeras décadas del siglo XX se
perdieron los territorios de más de doscientas comunidades que tenían sus títulos de
merced. Las tierras usurpadas fueron legalizadas en las oficinas de los conservadores de
bienes raíces y notarías.
La ley indígena de 1927 terminó con el proceso de radicación y planteó la idea de dividir
las comunidades entregando la tierra como propiedad particular. Los cincuenta años que
van desde 1927 a 1968 estuvieron marcados por la discusión acerca de la división de las
tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. El conflicto se dio entre divisionistas y
comunitaristas.
La cuestión mapuche cambió en los años sesenta con la Reforma Agraria. El indigenismo
surgido a principios de siglo permitió la creación de decenas de organizaciones mapuche
que convergieron en 1968 en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no había un
marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este
contexto, comenzaron las tomas de terreno como un modo de encontrar una estrategia de
recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos.
El gobierno militar, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que
aprobó como una única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades
comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto
indígena.
El año 1992 es clave en el desarrollo de las nuevas ideas mapuche. Con el retorno a la
democracia comenzó la lenta tramitación de una ley indígena. Finalmente se logró llegar a
consenso respecto a uno de los asuntos fundamentales: la defensa de las tierras aborígenes
mediante un artículo que dispuso que no podían ser vendidas a personas no indígenas. A
fines de 1993 fue aprobada la ley indígena por unanimidad. Esta ley creó la Corporación de
Desarrollo Indígena.
A fines del siglo XX se desencadenó un nuevo conflicto entre los mapuche y las empresas
forestales. Las grandes plantaciones de pino y eucaliptos son incompatibles con las
poblaciones humanas. El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Las
comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y por el contrario
perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio.
En los últimos años, el movimiento mapuche se ha conocido internacionalmente a raíz del
contacto con otros pueblos, la participación en diversos organismos, foros y eventos
internacionales y la difusión de sus problemas y acciones a través de internet. Los mapuche
han participado directamente en grupos y comisiones de trabajo que se ocupan de los
problemas indígenas a nivel global.

6. ASPECTOS SOCIALES
EL MOVIMIENTO OBRERO (1909-1953)
De la FOCH a la CUT
Al comenzar el siglo XX los trabajadores chilenos no tenían ningún tipo de legislación
social o laboral que los favoreciera o les brindara protección. Fueron ellos mismos, a través
de las mutuales, las sociedades de resistencia y las mancomunales, quienes se organizaron
para proteger a sus asociados y fomentar la solidaridad proletaria.
La Federación Obrera de Chile (FOCH) comenzó como una agrupación de obreros de
ferrocarriles con una orientación mutualista ligada al Partido Demócrata. A mediados de la
década de 1910, comenzaron a integrarse los trabajadores de salitre y adquirió un carácter
nacional. Asimismo, el Partido Demócrata perdió influencia al imponerse en la
organización las ideas revolucionarias del Partido Obrero Socialista liderado por Luis
Emilio Recabarren, convertido después en el Partido Comunista, asumiendo la
Federación una actitud anticapitalista y revolucionaria que se manifestó con fuerza en las
movilizaciones sociales que caracterizaron la década de 1920.
Sin embargo, la promulgación de las leyes sociales y el Código del Trabajo, entre 1925 y
1931, cambió radicalmente la conformación del movimiento obrero y las organizaciones de
trabajadores. A partir de entonces los sindicatos y sus federaciones se debatieron entre
asumir la nueva legislación y someterse a sus reglas, como fue el caso de los obreros y
empleados del sector estatal y las grandes empresas, o continuar con el discurso clasista y
revolucionario. La dirección del movimiento obrero que adhirió esta última línea, se dividió
entre tres grandes organizaciones: la FOCH ligada al Partido Comunista, la CGT
(Confederación Nacional de Trabajadores), de inspiración anarquista, y la CNS
(Confederación Nacional de Sindicatos), de origen socialista.
En 1934, la violenta represión del gobierno de Arturo Alessandri a una huelga ferroviaria
de carácter nacional, tuvo como reacción la unidad de las distintas organizaciones que
agrupaban a los trabajadores. De este modo, el Comando Único que se gestó en la huelga se
transformó en un Frente de Unidad Sindical, que organizó un Congreso de Unidad Sindical
en diciembre de 1936, surgiendo la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH).
La fuerza que adquirió la nueva organización de trabajadores les permitió formar parte de la
alianza política que apoyó a la candidatura del radical Pedro Aguirre Cerda en la elección
presidencial de 1938. El triunfo del Frente Popular facilitó a la CTCH una vinculación
directa con el nuevo gobierno, lo cual, aún cuando le permitió crecer como organización,
sería posteriormente la causa de su división y pérdida de protagonismo.
Efectivamente, a fines de la década de 1940, el movimiento obrero, que estuvo fuertemente
ligado al Partido Comunista a través de la Confederación de Trabajadores de Chile, fue
fuertemente reprimido y debilitado por el gobierno de Gabriel González Videla al
promulgar la Ley de Defensa de la Democracia o “Ley Maldita”. En consecuencia la
conducción del movimiento de trabajadores fue asumido por las organizaciones de
empleados, especialmente del sector público, los que a través del liderazgo de Clotario
Blest lograron organizar una nueva confederación de trabajadores en 1953: la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT).

7. ASPECTOS SOCIALES
LA FAMILIA OBRERA (1900-1950)
Constitución e intervención en la vida familiar popular
La situación de la familia obrera urbana de la primera mitad del siglo XX, estuvo
fuertemente marcada por los efectos de la creciente industrialización y la llamada
cuestión social. Los altos niveles de hacinamiento e insalubridad en que vivían, generaron
elevados índices de mortalidad infantil y enfermedades contagiosas como la viruela, el
cólera y la tuberculosis. En este escenario, la naciente preocupación estatal por la salud
pública se concentró en asistir como objeto de diagnóstico, a la familia obrera, para
enfrentar los alarmantes altos indicadores de morbilidad.
El grupo familiar obrero típico estaba compuesto por ocho o nueve personas y podían
estar conformados por matrimonios legales, uniones de hecho, o familias mono parentales
encabezadas por mujeres. Al grupo nuclear se sumaban frecuentemente allegados, que
podían ser parientes del matrimonio, compadres o amigos. La vivienda generalmente, no
contaba con el espacio suficiente para albergar a un grupo tan numeroso de personas, ni con
el mobiliario adecuado, que por lo general, se reducía a sólo dos catres para un grupo
familiar de 9 personas, situación de hacinamiento que a ojos de observadores de la elite e
instituciones asistenciales, era fuente de enfermedades, promiscuidad, inmoralidad y
vicios.
La legislación chilena adjudicaba al obrero el papel de proveedor y jefe de hogar, mientras
el trabajo de la madre fue desincentivado, pues se consideraba pernicioso para la familia
que la madre abandonara a sus hijos para salir a trabajar. Sin embargo, el sustento otorgado
por la familia era crucial para la sobrevivencia del grupo familiar, lo que hizo que, a pesar
de los desincentivos gubernamentales, el trabajo femenino industrial, aumentará
progresivamente en las primeras décadas del siglo XX.
Las tareas domésticas eran responsabilidad de la mujer, quien debía compatibilizar su
trabajo con el cuidado del hogar. Cuando las actividades laborales impedían a la madre
hacerse cargo del cuidado de los hijos menores y de la limpieza de la vivienda, éstas eran
asumidas por las hijas mayores. Los hijos varones en cambio, solían auxiliar al padre en el
trabajo u oficio, asumiendo desde muy temprana edad, la misma vida que los adultos.
Las largas jornadas de trabajo, los salarios insuficientes e inconstantes, la precariedad de
las viviendas, el hambre y las enfermedades amenazaban constantemente la estabilidad del
grupo familiar, el cual, pese a de ser considerado como el centro de las fuerzas
productoras de la nación, estaba en crisis. Esta dramática situación comenzó a acaparar,
desde la década de los veinte, la atención y esfuerzos de los profesionales, médicos,
algunos sectores políticos y medios de prensa quienes denunciaban las precarias
condiciones de vida obrera.
Lentamente el Estado comenzó a hacerse cargo de la situación proletaria. A través del
auxilio de visitadoras sociales y enfermeras sanitarias intervino de manera progresiva al
interior de la familia, lo que alcanzó su máxima extensión, durante los gobiernos radicales.

8. ASPECTOS SOCIALES
LA INFANCIA EN EL SIGLO XX
De la “infancia desvalida” a los derechos del niño
Como lo anticipó Ellen Key en su libro El Siglo de los niños (1900), durante el siglo XX se
desarrolló un gran interés por la infancia, que se evidenció en el desarrollo de numerosas
instituciones, formas de socialización y patrones culturales que tuvieron a los niños, como
su centro de atención.
A partir de la década de los veinte, la preocupación pública por la situación de los niños
estuvo marcada por la cuestión social. Así, las políticas de bienestar de la época planteaban
que la modernización del país dependía directamente del mejoramiento de las condiciones
de vida de los seres más vulnerables y desprotegidos de la sociedad como los trabajadores,
mujeres y niños. Para esto, se desarrollaron una serie de proyectos que incorporaron a la
figura del infante, no sólo en los discursos y plataformas programáticas, como lo fue la
polémica Ciudad del Niño, sino que también como figura representativa del futuro de la
nación.
El principal centro de interés político estuvo enfocado en disminuir la mortalidad infantil,
lo que se logró bien avanzado el siglo. La vulnerabilidad que afectaba a los niños era tanto
sanitaria, como moral y el alma de los menores era amenazada por la delincuencia infantil,
las precarias condiciones de trabajo, el abandono de los padres y el uso “inapropiado” del
tiempo libre. En este contexto, varias leyes de protección a la infancia que buscaban
controlar la marginalidad, el abandono y la delincuencia fueron promulgadas desde 1912, a
las que se les sumaron las leyes laborales de 1924.
A su vez, desde fines del siglo XIX, la educación primaria también comenzó a cobrar
protagonismo y a ampliar su alcance. Uno de los mecanismos para incentivarla fue la
alimentación escolar, aunque con resultados insuficientes. Sin embargo, la cobertura se
transformó en un objetivo explícito a partir de la promulgación de la Ley de Instrucción
Primaria Obligatoria en 1920, pese a que su aplicación se demoró varias décadas en
concretarse. Así, desde 1928 hasta principios del siglo XXI, sucesivas reformas
educacionales se propusieron ampliar la cobertura escolar y adecuar los objetivos
educacionales a las necesidades del país y a los aportes de la pedagogía y de la sicología
infantil, lo que se tradujo en la creación de organizaciones que, tanto dentro como fuera de
la escuela, moldearon la formación moral de los niños, como los Boy Scouts, Los Pioneros
(agrupación de niños comunistas) y Los Niños Cruzados (de origen católico).
A lo largo del siglo XX, varios escritores incorporaron a los niños en la literatura,
mientras que la narrativa infantil tuvo importantes cultores, como Gabriela Mistral. A
partir de los años 40 la especialización y la difusión aumentó, sobre todo con autores como
Marcela Paz y Hernán del Solar y la amplia distribución de las revistas para niños,
siendo la más exitosa El Peneca. Entre las décadas de 1960 y 1970 la socialización a través
de la lectura comenzó a declinar y el ocio infantil se canalizó a través de programas de
radio y televisión y más adelante con los novedosos videojuegos y la expansión
computacional.
En el ámbito privado las formas de crianza se modificaron a tal grado que, el castigo y la
disciplina rígida dejaron de ser considerados métodos legítimos de educación, lo que no ha
evitado que sigan presentes prácticas de maltrato y abuso hasta el día de hoy.
A lo largo del siglo XX, la doctrina de los derechos del niño traspasó la frontera de la
discusión intelectual para representar una nueva visión que ha implicado cambios
trascendentales, en la forma de concebir el lugar que ellos tienen en nuestra sociedad.
Paradójicamente esto se desarrolla en momentos en que el número de niños ha disminuido
notablemente, ya que, mientras la tasa global de fecundidad era de 3,6 hijos por mujer en
1970, la cifra disminuyó a 2,3 en 2002.

9. ASPECTOS SOCIALES
MEMCH (1935-1953)
El movimiento pro-emancipación de las mujeres de Chile
La lucha por la igualdad jurídica y política y por el acceso paritario al mercado laboral entre
hombres y mujeres, tuvo entre sus más importantes exponentes al MEMCH, Movimiento
Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, durante la primera mitad del siglo XX. En una
época en que la palabra emancipación era considerada sinónimo de libertinaje, este
movimiento inauguró una etapa para la historia social y política de las mujeres de fuerte
influencia feminista. La actividad y organización del MEMCH, de carácter multiclasista,
se apoyó en las primeras generaciones de mujeres que accedieron a estudios superiores y
también en mujeres trabajadoras, aumentando los escenarios locales para la creciente
participación femenina en el ámbito público. Combinando la lucha social con la de género,
las “memchistas” lideraron la historia de las organizaciones feministas de la primera
mitad del siglo XX hasta la obtención del sufragio femenino universal, haciendo públicas
sus demandas por mayores derechos civiles y políticos para las mujeres chilenas en
general, y la protección de la maternidad obrera para el creciente segmento de
trabajadoras en el país.
Sus principales dirigentes han sido reconocidas históricamente tanto por su calidad de
feministas pioneras como por sus trayectorias en el ámbito político e intelectual,
destacando, entre otras, Elena Caffarena, Olga Poblete, Marta Vergara y Graciela
Mandujano.
Entre las particularidades más relevantes del MEMCH y de otras organizaciones feministas
de la época, se cuenta la capacidad que tuvo la organización para desarrollar un activismo
provincial que permitió expandir sus ideales y proyectos en una época de fuerte
centralismo político.
La alta movilización femenina que el MEMCH expresó en la edición del periódico que la
organización editaba, La Mujer Nueva, junto con estimular campañas por derechos
sociales y políticos igualitarios entre hombres y mujeres, también concentró sus esfuerzos
en denunciar las deterioradas condiciones en que vivían las familias pobres urbanas,
particularmente mujeres y niños, e impulsó un movimiento social en torno a demandas
pacifistas.
Su rechazo al fascismo como ideología política y la cercanía ideológica de sus integrantes a
la izquierda chilena, en particular al Partido Comunista, vinculó estrechamente al
MEMCH y el Frente Popular. Dicha relación no estuvo exenta de problemas. Con el fin
de debilitar al movimiento, las críticas a un feminismo burgués que postergaba la lucha por
las reivindicaciones de la clase obrera y la difamación pública de la vida privada de algunas
memchistas se convirtieron en prácticas frecuentes. Aquellos ataques no lograron que las
feministas perdieran su independencia política y su capacidad crítica frente al poder
gubernamental y los partidos políticos. Sin embargo, el surgimiento de un fuerte
anticomunismo en la alianza gubernamental después de 1947, que afectó a las memchistas
más moderadas, tensó significativamente las relaciones entre ambos conglomerados
distanciando a las mujeres que ejercían doble militancia, el MEMCH y el Partido
Comunista, de las feministas no militantes. Luego de obtener un gran triunfo, el sufragio
femenino universal en 1949, el MEMCH sobrevivió a la persecución de sus militantes
comunistas y al acoso estatal de sus actividades públicas. En adelante, el MEMCH se
involucró en campañas de protección a la infancia y de orden pacifista, hasta 1953, año en
que se anunció su disolución.

10. ASPECTOS SOCIALES
1. INICIOS DE LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN CHILE (1840-1920)
Origen y consolidación del estado docente
Consolidada la independencia tras el triunfo definitivo de las armas patriotas en 1818, la
construcción del Estado republicano llevó más de un siglo de maduración. El sistema
democrático requería de ciudadanos, los que eran necesario formar a partir del desarrollo de
un amplio sistema educacional que cubriera a la totalidad de la población. La preocupación
por educar y al mismo tiempo disciplinar a las clases populares a través del desarrollo del
sistema educativo, se convirtió en una política estatal de largo aliento que se mantuvo
durante todo el siglo XIX.
El sistema educacional se dividió en dos secciones fuertemente diferenciadas. Por un lado,
la instrucción primaria, de carácter elemental y masivo; por el otro, la instrucción
secundaria y superior, de carácter selectivo y orientada a las élites. Con el tiempo, la
segunda se convirtió en un importante mecanismo de ascenso social para los grupos medios
emergentes, mientras que la primera mantuvo durante todo el siglo su carácter masivo y
orientado a dar una instrucción básica y elemental.
El sistema de instrucción primaria que desarrolló el Estado durante el siglo XIX estuvo
mediado por un intenso debate ideológico sobre los alcances del Estado docente. En éste,
se pueden distinguir dos momentos. El primero, corresponde a la etapa fundadora del
sistema de educación primaria, que tuvo lugar en las décadas de 1840 y 1850, y
participaron activamente en él pensadores como Domingo Faustino Sarmiento y los
hermanos Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui. El segundo es durante la década
de 1880, cuando surge una nueva generación de educacionistas, formados en la experiencia
europea y con un discurso centrado en los métodos pedagógicos, destacando figuras como
Valentín Letelier, Claudio Matte y José Abelardo Núñez. Ellos establecieron las bases
programáticas del sistema de instrucción primaria e impusieron su sello en las políticas
educativas del Estado.
Tras la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1860, el Estado se convirtió
en el principal sostenedor de la educación. La ley garantizaba la gratuidad de la enseñanza
primaria y la responsabilidad fiscal con respecto a ésta. El sistema educacional quedó
dotado de una estructura centralizada en la que el Estado controlaba la actividad
pedagógica y, dividido en dos sectores: la educación primaria pública, a cargo del Estado y
las municipalidades; y la educación primaria particular, que abarcaba tanto escuelas
pagadas como algunas gratuitas pertenecientes a la Sociedad de Instrucción Primaria y
otras sociedades filantrópicas.
A partir de 1850, la acción educativa estatal se orientó a organizar y fortalecer la
institucionalidad de la escuela, soporte básico del sistema educativo nacional. La
construcción de la sociabilidad escolar tuvo lugar en dos ámbitos. El primero de ellos tiene
relación con la creación de un sitio disciplinado y ordenado, segregado del mundo familiar
y vecinal, a través de normas que definían el uso del espacio y el tiempo por parte de
alumnos y preceptores. Las prácticas pedagógicas tendieron a reforzar este aspecto,
separando a los alumnos en cursos y niveles, imponiendo horarios, homogeneizando el uso
de textos –como los silabarios- y estableciendo un sistema de premios y castigos, así como
evaluaciones anuales del desempeño escolar. El segundo ámbito tiene relación con la
institucionalización de la escuela en cuanto fuente de conocimiento y verdad. Con la
finalidad de formar preceptores capacitados para enseñar, se crearon Escuelas Normales en
todo el país. En la década de 1880, la introducción de métodos pedagógicos desde Francia y
Alemania contribuyó a institucionalizar un sistema educativo que cobraba creciente
autonomía en relación al conjunto de la sociedad.
En 1920, con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, se cierra el
período de gestación y consolidación del sistema de educación primaria en Chile.

11. ASPECTOS SOCIALES
MUJERES Y PROFESIONES UNIVERSITARIAS (1900-1950)
El ingreso femenino a la universidad
La creación de la Universidad de Chile en 1842 es un hito fundamental en la historia de la
educación decimonónica y en el nacimiento de la clase profesional en el país. No obstante,
el acceso a la instrucción universitaria estuvo vedado para la población femenina la mayor
parte del siglo XIX, periodo en el cual aquella contaba con escasas alternativas educativas.
Las mujeres podían asistir a la escuela primaria, a la Escuela Normal de Preceptoras -
creada en 1854 y dirigida por las religiosas del Sagrado Corazón - y hacia fines del siglo
XIX, a los primeros liceos femeninos.
La necesidad de contar con mujeres instruidas que se hicieran cargo de la educación de sus
hijos o que pudieran paliar la estrechez económica con algún tipo de formación u oficio
fueron materias de tempranas discusiones que animaron el debate público respecto de la
relación entre mujeres y profesión universitaria desde la década de 1870.
Producto de aquel debate se promulgó, en 1877, un decreto que autorizó el acceso de las
mujeres a los estudios universitarios. Dicho mandato, conocido como el Decreto
Amunátegui, en recuerdo al Ministro de Educación que lo impulsó, Miguel Luis
Amunátegui, se basó en tres argumentos: la conveniencia de estimular en las mujeres la
dedicación al estudio continuado; la arraigada creencia de que las mujeres poseían ventajas
naturales para ejercer algunos oficios relacionados con la asistencia a otras personas; y la
importancia de proporcionar los instrumentos para que algunas mujeres, que no contaban
con el auxilio de su familia, tuvieran la posibilidad de generar su propio sustento.
El decreto también estipulaba que las mujeres que aspiraban obtener títulos profesionales
debían rendir exámenes válidos bajo las mismas condiciones a las que estaban sometidos
los hombres.
Hacia fines del siglo XIX, las carreras elegidas por las primeras mujeres universitarias
fueron derecho y medicina; en el caso de esta última profesión, Eloísa Díaz y Ernestina
Pérez son las primeras mujeres en recibir el título de médico cirujano. Pasados cincuenta
años del decreto Amunátegui, la incorporación de las mujeres a la vida universitaria se
había ampliado de manera sustantiva a carreras como las de química y farmacia,
odontología, pedagogía, obstetricia, enfermería y servicio social. Hacia 1960, más de ocho
mil mujeres habían recibido educación universitaria, constituyéndose así un grupo diverso
de mujeres profesionales, concentradas en su mayoría en la capital, entre las cuales, el
oficio preferido fue el de profesora de estado.

12. ASPECTOS SOCIALES
TRABAJO FEMENINO INDUSTRIAL (1890-1920)
Las obreras urbanas
Un aspecto social importante del inicio de la industria en Chile, fue el aumento de la
participación de las mujeres en este sector económico desde fines del siglo XIX. El trabajo
femenino, realizado tanto en establecimientos fabriles como en domicilio, empleó entre
uno y dos tercios de las mujeres activas mayores de 12 años. En ciudades como Santiago y
Valparaíso, las mujeres trabajaron en la manufactura de alimentos, textiles y vestuario,
dando paso al nacimiento de una nueva protagonista de la sociedad urbana chilena: la
mujer obrera.
Hacia 1907, según datos estadísticos, las mujeres constituían casi un tercio de la población
económicamente activa, conformando la mayor parte de la fuerza de trabajo de esas ramas
económicas, sin embargo, su salario no era ni la mitad de lo que ganaban los obreros en las
dos primeras décadas del siglo XX.
La clásica identificación del trabajo remunerado con los hombres y el cuidado del hogar
con las mujeres, se vio desafiada por la creciente participación femenina en el mercado
laboral urbano. Ensayistas, políticos y reformistas de distintas corrientes ideológicas,
fomentaron la discusión sobre las condiciones en que aquellas trabajaban y la protección a
la maternidad obrera.
Desde el ámbito privado, una de las iniciativas que promovió tempranamente la
incorporación de las mujeres a la actividad industrial, fue la organización de la Escuela
Profesional de Niñas propuesta por la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, en 1887.
Por su parte, las mujeres católicas promovieron entre las trabajadoras, la creación de
sindicatos y cooperativas que se establecieran bajo su protección como por ejemplo, la Liga
de Damas Chilenas que desde 1915 apoyó la creación de sindicatos femeninos católicos.
A consecuencia del aumento de las trabajadoras, las organizaciones y mutuales femeninas
que buscaron su defensa y protección se multiplicaron, dando cuenta de un activismo que
tuvo importante expresión en la prensa obrera feminista de la época.

13. ASPECTOS SOCIALES
DESARROLLO Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN EN EL SIGLO XX
La transformación de la sociedad chilena
Durante el siglo XX, la población chilena tuvo un fuerte crecimiento en comparación al
siglo anterior, pasando de 3.231.022 habitantes en 1907 a 15.116.435 en el año 2002. Los
cambios demográficos influyeron profundamente en la estructura social chilena, y fueron
acompañados por un acelerado proceso de urbanización y redistribución territorial, que
transformó a una sociedad de marcado carácter rural en una predominantemente urbana.
En la primera mitad del siglo XX el ritmo de incremento de la población chilena fue lento,
pero siempre en ascenso. A pesar de que las tasas de natalidad se mantenían en niveles
relativamente altos, las tasas de mortalidad continuaron siendo elevadas, particularmente en
los niños menores de 5 años.
Aunque desde las primeras décadas del siglo se realizó un importante esfuerzo en materia
de higiene y sanidad, recién en la década de 1940 se inició una etapa de expansión y
consolidación del sistema público de salud, la que comenzó a tener efectos en la baja de
las tasas de mortalidad infantil. Esto contribuyó a aumentar el ritmo de crecimiento de la
población, que pasó de un 1,4 por ciento en el decenio 1920-1930 a 2,7 por ciento en el
decenio 1950-1960. Este fenómeno, conocido como el “boom demográfico”, alcanzó su
máxima expresión en la década de 1960, para luego decaer en las décadas siguientes.
Desde mediados de la década de 1960 se produjo una importante transformación
sociodemográfica, caracterizada por la reducción del número de hijos por mujer. La
extensión de los niveles de escolaridad, la acelerada urbanización, los cambios en la
estructura productiva y la creciente integración de la mujer al mundo laboral trajeron
consigo un descenso de la tasa de fecundidad, fenómeno al que también contribuyeron la
aparición de nuevos métodos anticonceptivos y la difusión de éstos a través de programas
públicos de salud. La baja en la tasa de fecundidad y el sostenido descenso de la mortalidad
atenuaron el ritmo de crecimiento de la población y transformaron la estructura etaria de la
población.
A mediados de la década de 1980 la población chilena tenía una estructura caracterizada
por un alto porcentaje de niños y adolescentes, aunque éste ya había comenzado a disminuir
en relación a las décadas anteriores. A partir de entonces, el país entró en una etapa
avanzada de la transición demográfica, caracterizada por un paulatino envejecimiento de
la población. La proporción de adultos mayores de 60 años ha aumentado a un ritmo
mucho mayor al resto de la población total, llegando al 11,3 por ciento en el censo del
2002, porcentaje que se seguirá incrementando en los años siguientes. Ello trae consigo
fuertes repercusiones en la estructura familiar y social del país, y constituye un enorme
desafío para los sistemas de seguridad social, tanto en el ámbito de la salud como en el de
la previsión.
Con el avance de la transición demográfica se han ido generando nuevos problemas, como
la alta tasa de embarazo adolescente. Este fenómeno es un reflejo de los altos niveles de
desigualdad social que caracterizan la sociedad chilena, así como las debilidades de los
programas de educación y de salud sexual y reproductiva. Asimismo, hay sectores como los
grupos indígenas que mantienen tasas de fecundidad mucho mayores al promedio de la
población chilena, asociadas a altos índices de pobreza y marginalidad.

14. ASPECTOS ECONÓMICOS
INICIOS DE LA INDUSTRIA EN CHILE (1860-1930)
Desarrollo industrial en una economía exportadora
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena tuvo dos grandes ciclos
expansivos ligados a la exportación de determinados productos a los mercados mundiales.
En las décadas de 1850 y 1860, el crecimiento económico tuvo directa relación con la
exportación de trigo, plata y cobre. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos
fiscales crecieron de manera significativa por primera vez tras la Independencia; se
modernizó el sistema financiero con la creación de numerosas instituciones crediticias al
alero de la Ley de Bancos de 1860 y se modernizó la infraestructura productiva y de
transportes del valle central chileno. El auge económico permitió al Estado financiar un
amplio programa de obras públicas y educacionales, a la par que se reformó y modernizó el
aparato legal con la promulgación de nuevos códigos que reemplazaron al sistema jurídico
colonial. En consecuencia, con el despegue económico y el crecimiento de los centros
urbanos, se instalaron en el país las primeras industrias orientadas al mercado interno. La
expansión económica chilena era subsidiaria del espectacular crecimiento de las economías
industriales europeas, que alcanzó su clímax a mediados de la década de 1860. Sin
embargo, la detención de este primer gran ciclo expansivo de la economía mundial en 1873,
inauguró un largo período de estancamiento que afectó profundamente a la economía
chilena.
Tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de las ricas regiones salitreras de Tarapacá
y Antofagasta, el país conoció un nuevo ciclo de crecimiento económico, esta vez ligado a
la exportación de salitre. La estructura económica adquirió una mayor complejidad, se
expandieron los servicios públicos y las cuentas fiscales volvieron a estabilizarse. Los
nuevos mercados de la región salitrera y de los centros urbanos en expansión
dinamizaron al conjunto de la economía, creando una importante demanda por artículos
industriales que en parte comenzó a ser satisfecha por productores nacionales. Sin embargo,
durante este segundo período de crecimiento económico la moneda se devaluó fuertemente,
reflejando las constantes fluctuaciones de los mercados internacionales frente a los cuales el
país tenía poca protección. Poco a poco comenzaron a escucharse argumentos
proteccionistas que propugnaron la intervención del Estado en pro del desarrollo industrial,
a través de políticas proteccionistas que resguardaron al país de los inestables mercados
globales. El paradigma industrializador tomó fuerza tras la creación de la Sociedad de
Fomento Fabril en 1883, aunque no logró imponerse hasta que las grandes crisis
económicas de la segunda y tercera década del siglo XX obligaron al Estado a replantear
las políticas económicas.
El desarrollo industrial durante el período de expansión salitrera estuvo ligado a las
permanentes fluctuaciones del tipo de cambio. La devaluación de la moneda fue un
estímulo a las industrias nacionales al encarecer las importaciones; pero también generó
problemas debido a que casi todos los establecimientos fabriles dependían de maquinaria
e insumos importados. Aunque estuvo gravado con tarifas de importación menores que los
otros productos, el suministro de insumos estuvo sujeto a la constante variación de los
mercados internacionales y la precariedad del desarrollo industrial se agravó por la
inexistencia de políticas crediticias sectoriales.
Frente a la incertidumbre económica, los industriales pedían -y frecuentemente obtenían-
privilegios exclusivos de parte del Estado; lo que sin embargo no garantizó en la menor
medida el éxito de la empresa. De todas maneras, en algunos rubros, especialmente en los
ligados a la minería, el desarrollo industrial fue mucho más completo. La conexión entre
minería e industria existió desde mediados del siglo XIX, con la apertura del mineral de
carbón de Lota y el desarrollo de la minería del cobre en el Norte Chico, aunque fue
durante la época del auge salitrero que la relación se hizo más estrecha. La demanda de
insumos por parte de la industria salitrera fomentó el surgimiento de numerosas
maestranzas y fundiciones orientadas a ese mercado. Desde un punto de vista global, el
Censo Industrial de 1895 reveló un gran número de establecimientos fabriles en el país,
que fue creciendo en los años posteriores.
La Primera Guerra Mundial tuvo un efecto formidable sobre la industria, al elevar los
precios del salitre y encarecer las importaciones. Sin embargo, el término del conflicto dejó

15. al desnudo la dependencia de la economía, al caer abruptamente los precios del nitrato.
Desde entonces, los distintos gobiernos comenzaron lentamente a reformular sus políticas
económicas y a alejarse de la ortodoxia liberal. Desde la segunda mitad de la década de
1920, el Estado comenzó a tomar un rol más activo en el desarrollo económico; partiendo
del principio de que la industrialización sacaría al país de la crisis económica y la volvería
menos vulnerable a las fluctuaciones de la economía internacional. De esta manera, las
políticas de sustitución de importaciones y desarrollo industrial precedieron a la gran
crisis económica mundial de 1930, que hizo más evidente la necesidad de un cambio de
modelo económico.

16. ASPECTOS ECONÓMICOS
ORIGEN DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE (1904-1930)
El sueldo de Chile en el siglo XX
Al comenzar el siglo XX, la tradicional minería cuprífera nacional pasaba por un
período de profunda decadencia, después de haber sido durante varias décadas el principal
productor mundial del metal rojo. Por la misma época, sin embargo, la demanda mundial de
cobre experimentaba un incremento espectacular, situación que había significado el
paulatino agotamiento de las minas de alta ley, donde por cada tonelada extraída entre el 30
y el 60 por ciento era cobre, provocando preocupación en las grandes corporaciones
cupríferas del mundo ante la falta de nuevos yacimientos para responder a la demanda.
La solución al problema fue la explotación en gran escala de las grandes reservas mundiales
de cobre porfírico, metal de baja ley, donde por cada tonelada de material extraído sólo
entre el uno y el dos por ciento era cobre, situación que requirió una verdadera revolución
tecnológica, tanto para la extracción del mineral como para su concentración y refinado,
siendo asimismo necesaria la inversión de enormes capitales para poner en marcha su
explotación cuprífera. De hecho, en las tres primeras década del siglo XX, entraron en
explotación once yacimientos de cobre porfírico en el mundo -ocho en Estados Unidos y
tres en Chile- llegando estos a producir el 40 por ciento de la producción mundial de cobre
en 1929.
Como nuestro país contaba con las mayores reservas mundiales de cobre porfírico,
distribuidas a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Arica a Temuco, geólogos e
ingenieros norteamericanos recorrieron el territorio en la búsqueda de yacimientos para
explotarlos en gran escala, surgiendo el interés de las grandes corporaciones
norteamericanas por los yacimientos de Chuquicamata y Potrerillos en el Norte Grande y
de El Teniente en la zona central de Chile.
De inmediato se organizaron en Estados Unidos empresas para explotar estos yacimientos,
surgiendo la Braden Copper Company para explotar el mineral El Teniente en 1904, la
Chile Exploration Company para explotar Chuquicamata en 1912 y la Andes Copper
Mining para explotar Potrerillos en 1916. Estas empresas invirtieron millones de dólares
para poner en marcha la explotación de los nuevos yacimientos cupríferos, denominados
“Gran Minería del Cobre”, logrando que a fines de la década del veinte su producción
representara el 93 por ciento de la producción cuprífera nacional, lo que a su vez constituía
el 16,7 por ciento de la producción mundial. Con ello Chile recuperaba el lugar que había
ocupado a mediados del siglo XIX como uno de los principales productores mundiales de
cobre.
Las enormes utilidades que estas empresas generaban, los mínimos impuestos que pagaban,
la autonomía de que gozaban los norteamericanos en estos yacimientos, provocaron un
profundo malestar en los sectores nacionalistas y socialistas del país, surgiendo un
movimiento de rechazo que demandaría un aumento de impuestos y la nacionalización y
estatización de los yacimientos, demandas que en las décadas siguientes llevarían a un
sostenido aumento de los impuestos a las empresas de la “Gran Minería del Cobre” y a su
nacionalización en 1971.

17. ASPECTOS ECONÓMICOS
EL IMPACTO DE LA GRAN DEPRESIÓN EN CHILE (1929-1932)
De la prosperidad a la pobreza
En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad
económica, estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos
Ibañez del Campo y destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Sin
embargo, este auge tuvo su origen en un alto endeudamiento externo, producto de los
créditos en dólares que fluían desde Nueva York, que se imponía como la nueva capital
financiera del mundo.
Esta aparente prosperidad con endeudamiento, llegó a su fin con la crisis económica
internacional, que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva
York. La crisis del mercado de valores provocó una falta de liquidez que llevó a una
drástica caída de los precios internacionales de las mercancías y de la mayoría de los
activos, ocasionando -en último término- una crisis bancaria a escala mundial,
especialmente en los países con sistema de patrón oro. A comienzos de 1930, las
consecuencias del hundimiento de la bolsa de valores estadounidense fueron vistas como
algo temporal; sin embargo, a mediados de 1932, ya nadie tuvo duda que se estaba en
presencia de la mayor crisis económica de la historia, siendo bautizada como la Gran
Depresión.
El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932,
estimándose por un informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) que
nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y
cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias sobre la economía interna, al caer
los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación económica
del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por
primera vez en la historia: un 16 de julio de 1931.
La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo,
quien se vio obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. La caída de
Ibáñez dio paso a una grave crisis política, sucediéndose en poco más de un año varios
regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que sólo duro doce días.
Finalmente, el retorno a la normalidad política y la reactivación económica comenzó con la
llegada al poder de Arturo Alessandri Palma, en octubre de 1932.
La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de
cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de obreros salitreros
volvieron sin esperanza y recursos dedes el norte. En Santiago, el gobierno a través de los
Comités de Ayuda a los Cesantes debió alimentar y albergar a miles de familias; las ollas
comunes proliferaron en los barrios, y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los
cerros aledaños a la ciudad.

18. ASPECTOS ECONÓMICOS
LA CEPAL Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES EN CHILE (1948-1970)
El subdesarrollo no constituye una etapa necesaria del proceso de formación de las
economías capitalistas modernas. Es, en sí, un proceso particular resultante de la
penetración de las empresas capitalistas modernas en estructuras arcaicas.
Celso Furtado,1961
En 1947 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, siguiendo la idea de
creación de organismos regionales de desarrollo que se había llevado a cabo para Europa y
el lejano oriente tras la posguerra, propuso la creación de una Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) con el fin de contribuir a su desarrollo económico.
En 1948 la CEPAL comenzó sus funciones en su sede de Santiago de Chile. Al año
siguiente, asumió la secretaría ejecutiva de la institución el economista argentino Raúl
Prebisch, tras la publicación del estudio El desarrollo económico de América Latina y
algunos de sus principales problemas, texto que le dio gran reputación y un liderazgo entre
los economistas de la institución, al punto de ser reconocido como el manifiesto
latinoamericano donde se exponía la teoría estructuralista del subdesarrollo económico
latinoamericano.
En las primeras décadas de su existencia la CEPAL desarrolló en materia de política
económica un esfuerzo por dar mayor racionalidad al proceso de industrialización por
sustitución de importaciones que se había generado en forma empírica en Latinoamérica
tras la gran depresión de 1930 y, a través de numerosos estudios, analizo a fondo las causas
del subdesarrollo económico y social de América Latina. En esta tarea, la CEPAL reunió un
equipo de intelectuales de primer nivel, donde sobresalían personajes como su secretario
ejecutivo Raúl Prebisch, Celso Furtado, Juan Noyola, Regino Boti, Jorge Ahumada, Aníbal
Pinto Santa Cruz, Osvaldo Sunkel, Alex Ganz y José Antonio Mayobre, entre otros.
Entre estos economistas de la CEPAL sobresalieron los chilenos Jorge Ahumada y Aníbal
Pinto Santa Cruz, quienes aplicaron las teorías y paradigmas desarrollistas para analizar la
estancada economía chilena, escribiendo dos ensayos que tuvieron enorme influencia en su
época. En 1958, Jorge Ahumada público En vez de la miseria, donde señalaba que el país
vivía una crisis integral que se expresaban en la baja producción agrícola, una alta
inflación, la desigual distribución del ingreso y la excesiva centralización de la población y
la producción, proponiendo reformas estructurales para superar esta situación de crisis
integral de Chile.
Al año siguiente, Aníbal Pinto Santa Cruz publicó Chile, un caso de desarrollo frustrado,
donde expuso su tesis sobre la pérdida de una oportunidad histórica del país para dar un
salto al desarrollo durante el ciclo salitrero y las dificultades del modelo de sustitución de
importaciones surgidos después de la gran depresión en Chile, proponiendo una serie de
ideas y reformas para avanzar hacia el desarrollo económico y social de Chile.
Ambos estudios tuvieron una notable repercusión e influencia en los análisis de los
problemas económicos y sociales del país en la década del sesenta, como asimismo en la
formulación de políticas publicas y en las, reformas estructurales emprendidas por los
gobierno de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende

19. ASPECTOS ECONÓMICOS
CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN (1939-1952)
El Estado y la industrialización nacional
Los orígenes de la Corporación de Fomento a la Producción, más conocida como
CORFO, se encuentran en los postulados y proyectos que intelectuales, ingenieros y
gremios empresariales difundieron sobre la necesidad de impulsar una industrialización
nacional mediante una intervención del Estado, asi como también, en las políticas
económicas proteccionistas y de sustitución de importaciones que se implementaron,
después de la Gran Depresión de 1930.
Su fundación, en abril de 1939, estuvo relacionada con las iniciativas del gobierno de
Pedro Aguirre Cerda para socorrer a los damnificados del terremoto de Chillán y el
fomento de la infraestructura productiva. Se crearon dos corporaciones, una bajo el nombre
de “Corporación de Reconstrucción y Auxilio” y otra denominada “Corporación de
Fomento a la Producción”. Esta última, estaría encargada de elaborar y realizar un vasto
plan de fomento productivo, autorizándose para su financiamiento la contratación de
empréstitos, un aumento general de los impuestos, un impuesto adicional a las utilidades de
las empresas del cobre y el empleo transitorio de los fondos asignados al servicio de la
deuda externa.
La Corporación se proponía “formular un plan general de fomento de la producción,
destinado a elevar el nivel de vida de la población”; sin embargo, su estrategia inicial
estuvo en implementar los llamados “Planes de Acción Inmediata” que reunían proyectos
de fomento que ingenieros y gremios empresariales habían propuesto por años en los
ámbitos de la industria, electricidad, minería, comercio, transporte y agricultura.
El desarrollo de los planes de fomento se vieron dificultados durante la Segunda Guerra
Mundial, especialmente en la obtención de créditos externos y transferencia de tecnología.
Empero, el término del conflico bélico permitió a la CORFO la concreción de empresas
estatales básicas para la industrialización: la Empresa Nacional de Electricidad S.A.
(1944), con un plan de electrificación nacional exitoso; la Compañía de Acero de Pacífico
S.A. (1946), una gran usina de acero en Huachipato; la Empresa Nacional de Petróleos S.A.
(1950), prospección petrolífera en Magallanes y abastecimiento de crudo nacional.
La obra de la Corporación de Fomento no sólo estuvo relacionada con sentar las bases de
una industrialización, sino que también con el desarrollo de la agricultura - Industria
Azucarera Nacional S.A.-, el fomento pesquero y turístico, la Fundición de Paipote para
ayudar a la pequeña y mediana minería, entre otras realizaciones. Sin lugar a dudas, la
CORFO constituyó una experiencia exitosa de intervención estatal en el fomento de la
industrialización de Chile.

20. ASPECTOS ECONÓMICOS
LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA CHILENA ENTRE 1973-2003
Desde la implementación del modelo neoliberal al crecimiento con equidad
Las reformas neoliberales implementadas en Chile durante las décadas de 1970 y 1980,
significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el
desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país
durante los últimos tres cuartos del siglo XX. Atrás quedó el excesivo control que en dichas
materias ejerció el Estado, situación que se agudizó aún más durante el mandato de Salvador
Allende Gossens. Finalmente, la intervención de las Fuerzas Armadas en la conducción del país el
11 de septiembre de 1973 conllevó la puesta en marcha de una nueva política económica, hasta el
momento no aplicada en el país.
Las bases teóricas de la política económica implementada desde 1974 por el Gobierno Militar,
encabezado por Augusto Pinochet Ugarte, se pueden encontrar en El ladrillo. Este documento fue
elaborado, desde agosto de 1972, por los economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José
Luis Zabala Ponce; su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementado
por la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Como consecuencia del pesimista diagnóstico que
realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la necesidad de liberalizar la hasta
entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando
éste como empresario, promotor de la inversión y la industrialización, y anulando la participación
de agentes privados en dichas áreas. Además, durante este período se produjo un desequilibrio en
la balanza de pagos y una hiperinflación que por mucho tiempo se ubicó en tres dígitos, situación
que persistió por algunos años y que se convirtió en uno de los principales objetivos a regularizar
por este nuevo modelo económico. La primera etapa del modelo neoliberal chileno, que
comprendió los años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados
liberales suscritos por los Chicago boys. Esto se tradujo en una extrema liberalización de las
importaciones, sello distintivo de las principales áreas estratégicas: la política anti-inflacionaria, las
reformas del sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior. Como respuesta a las
políticas contractivas adoptadas durante esos años, se experimentó un elevado índice del
desempleo, disminución de los salarios, numerosas quiebras de empresas y desaliento en la
formación de capital de inversión, principal motor de crecimiento y progreso.
La crisis cambiaria de 1982-1983, originada por la devaluación del tipo de cambio real, por la
duplicación de la deuda externa y por un retroceso de las exportaciones, significó un giro en las
decisiones económicas adoptadas hasta ese momento por el Presidente Pinochet y su equipo
asesor. A partir de 1985, con la incorporación de Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, se
inició una etapa de flexibilización de las políticas económicas, más elástica y pragmática. De
este modo se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios
sociales con el objetivo de reactivar la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron
algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios
macroeconómicos. Esto sumado a un notable mejoramiento de los términos de intercambio como
consecuencia del precio favorable del cobre y de la reestructuración sustancial realizada en la
política fiscal, en las reformas comerciales y financieras y en las reformas sociales,
conformaron la totalidad del conjunto de transformaciones económicas propiciadas por el régimen
militar y por los gobiernos de la Concertación durante los últimos treinta años.
El modelo neoliberal de la década de 1990 se mantuvo consolidado durante las administraciones
de los presidentes Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar. En
sus gobiernos se puso énfasis en el gasto público social, privilegiando el crecimiento con
equidad, dirigido a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por sobre todo, resguardar la
estabilidad macroeconómica. A pesar de ser éste uno de los períodos de mayor crecimiento
económico que ha experimentado Chile durante el siglo XX, el país es considerado todavía como
uno de los peores del mundo en términos de distribución del ingreso, factor que se ha constituido
en el mayor desafío a combatir. La desaceleración que sufrió Chile en 1998 a causa de la crisis
asiática que penetró en toda América Latina y de la exacerbada política monetaria contractiva que
ejerció el Banco Central ese año, puso freno a un período de enorme prosperidad económica
desarrollada por estos gobiernos democráticos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio
(TLC), firmado recientemente entre Chile y Estados Unidos, constituye un importante avance para
robustecer la inversión extranjera en el país.

21. ASPECTOS POLÍTICOS
ORÍGENES DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN CHILE (1924-1931)
De las leyes laborales al código del trabajo
Desde fines del siglo XIX el desarrollo del capitalismo en Chile transformó profundamente
el mundo del trabajo. Surgió un proletariado vinculado a la actividad minera, la incipiente
industrialización y las actividades urbanas propias del crecimiento de las ciudades y
puertos. Al mismo tiempo, el crecimiento del aparato estatal y las actividades urbanas
permitieron la expansión de las labores de “cuello y corbata”, como se denominaba a los
empleados, cuya diferencia con los obreros residía en el predominio en sus labores del
esfuerzo intelectual sobre el físico.
Estas transformaciones del mundo laboral estuvieron marcadas por permanentes conflictos
que dieron lugar a sostenidos movimientos sociales. Poco a poco, los trabajadores fueron
logrando una legislación social que permitió mejorar sus paupérrimas condiciones de
trabajo. Es así como, desde 1907 en adelante, lentamente se va promulgando una
legislación social: el descanso dominical, los días feriados, la silla para empleados y
obreros del comercio, salas cunas en los establecimientos industriales. Sin embargo, las
demandas de los trabajadores apuntaban a una completa legislación que regulara
claramente el contrato de trabajo, los protegiera en caso de enfermedades o accidentes
laborales, permitiera la organización sindical y la huelga legal con sus respectivos
mecanismos de solución del conflicto.
Al comenzar la década de 1920, la candidatura de Arturo Alessandri Palma alentó las
esperanzas de los trabajadores al manifestarse, en su campaña, a favor de promulgar una
legislación social que armonizara las relaciones entre el capital y el trabajo como estaba
sucediendo en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, durante su gobierno los
parlamentarios se mostraron más preocupados de legislar una ley que aumentaba su dieta
parlamentaria que las leyes laborales. La situación resultó intolerable para la oficialidad del
Ejército, la cual se manifestó con fuerza en el Parlamento el 8 de septiembre de 1924,
exigiendo la aprobación de dieciseis leyes, entre ellas importantes leyes laborales.
Después de los convulsionados sucesos políticos que llevaron al poder al general Carlos
Ibáñez del Campo en 1927, comenzó la aplicación de la nueva legislación laboral. La
gran diversidad de leyes laborales, reglamentos y decretos relacionados con su aplicación,
hizo necesaria la dictación de un solo cuerpo legal para facilitar su estudio, divulgación y
aplicación. Es así como, el 6 de febrero de 1931, fue aprobado en el Congreso Nacional el
Código del Trabajo refundiendo en un solo texto catorce leyes y decretos leyes
relacionados con el mundo del trabajo.

22. ASPECTOS POLÍTICOS
ELECCIONES, SUFRAGIO Y DEMOCRACIA EN CHILE (1810-2005)
La lenta maduración de una institucionalidad democrática
Durante los siglos XIX y XX, Chile ha ido consolidando lentamente una institucionalidad
democrática, en el contexto de un sistema político con altos grados de estabilidad. La
maduración de las instituciones democráticas tuvo que lidiar durante todo el siglo XIX con
la abierta intervención electoral del poder ejecutivo, y con una sociedad altamente
jerarquizada que concentraba el poder político en una pequeña elite de terratenientes y
comerciantes. Durante el siglo XX, el sistema político se fue abriendo paulatinamente a la
participación de nuevos sectores sociales, en un proceso que fue interrumpido con el golpe
de Estado de 1973, y que sólo se retomó en 1989, con el retorno a la democracia. Las
primeras elecciones que se realizaron en el país fueron en diciembre de 1810, en las que se
eligió el primer Congreso Nacional. Sin embargo, la guerra de independencia y las luchas
entre distintas facciones internas que la sucedieron, impidieron una consolidación de las
instituciones políticas y el desarrollo de un sistema de elecciones regulares. Tras la victoria
conservadora de 1829, se impuso un sistema político de corte autoritario y fuertemente
presidencialista, que se expresó en la Constitución de 1833. Aunque desde 1835 en
adelante se sucedieron regularmente elecciones presidenciales y parlamentarias, éstas
estaban marcadas por la intervención del poder ejecutivo. Las elecciones, en las que casi
siempre ganaba el oficialismo, eran en la práctica verdaderos rituales políticos en las que lo
más importante no era obtener el apoyo de los electores sino el del gobierno de turno, con
el fin de aparecer en la lista oficial de candidatos.
El afianzamiento de un sistema de partidos políticos y la creciente oposición liberal a las
prerrogativas presidenciales, llevó a la aprobación de una serie de reformas entre 1871 y
1891 que despojaron gradualmente al poder ejecutivo de su capacidad para intervenir en el
proceso electoral. A la prohibición de la reelección presidencial en 1871, siguieron la
reforma electoral de 1874, que amplió el derecho de sufragio; las reformas de 1888 y
1890, que otorgaron mayor transparencia al proceso electoral y reforzaron el secreto del
voto; y la ley de Comuna Autónoma aprobada tras la revolución de 1891, en la que se
consagró la independencia de los municipios con respecto al poder central. Aunque todas
esas reformas acabaron definitivamente con el intervencionismo electoral del gobierno, las
elecciones siguieron estando marcadas por todo tipo de irregularidades y el poder político
siguió concentrado en una reducida elite. Las elecciones de 1920 marcaron un profundo
cambio en la dinámica electoral. En ellas irrumpieron por primera vez los movimientos
sociales, lo que marcó la pauta para el posterior desarrollo político durante el siglo XX. Los
niveles de participación electoral aumentaron gradualmente, y la conformación de
partidos políticos de izquierda como el comunista (1922) y el socialista (1933) transformó
el escenario político. Tras la caída del gobierno autoritario de Carlos Ibáñez en 1931, las
instituciones se readecuaron al nuevo equilibrio político en un contexto de fuerte
competencia electoral, que llevó al poder en 1938 al Frente Popular, la primera victoria
electoral de una coalición de izquierda en la historia de Chile.
El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la
incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino en las
elecciones municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El
aumento del electorado tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivado por la
introducción de la cédula única electoral en 1958, que puso fin al cohecho, la aprobación
del voto de ciegos en 1969 y de los analfabetos en 1972. El porcentaje de votantes con
respecto a la población pasó de un 7,6% en 1932 a un 36,1% en las elecciones de 1973, uno
de los niveles más altos en la historia de Chile. La movilización masiva de la población a
fines de la década de 1960 e inicios de los ’70, en un contexto de alta polarización política,
se interrumpió abruptamente con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que
puso fin al gobierno de Salvador Allende. La dictadura militar que se inició en 1973 llegó
a su fin con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que la ciudadanía expresó
mayoritariamente su deseo de retornar al sistema democrático. La población se inscribió
masivamente en los registros electorales, llegando a un nivel histórico de participación en
las elecciones generales de 1989. Aunque en ellas ganó la centroizquierdista Concertación
de Partidos por la Democracia, así como en todas las otras que se han efectuado hasta
ahora, la composición del parlamento ha estado marcada hasta hace poco por la presencia
de senadores designados por los militares y por un sistema electoral que privilegia la
negociación entre partidos políticos por sobre los resultados del voto popular.

23. ASPECTOS POLÍTICOS
EL FRENTE POPULAR (1936- 1941)
Gobernar es educar
La década del treinta se caracterizó en el mundo entero por la extrema polarización
ideológica de las sociedades. En Europa, los movimientos políticos fascistas tenían cada día
más adeptos, especialmente en Alemania e Italia. La Unión Soviética emergía como única
experiencia socialista y se convirtía en referente para amplios grupos sociales. Chile no fue
una excepción en este clima de acentuada ideologización de la actividad política y social;
en los años veinte habían surgido movimientos sociales y políticos que cuestionaban la
conducción oligárquica del país y que habían madurado en un nuevo sistema de partidos
políticos. Este sistema tenía como principal característica el surgimiento de las opciones de
izquierda revolucionaria en los partidos Comunista (1922) y Socialista (1933), el
desplazamiento del Partido Radical al centro del espectro político y la conformación de un
bloque de derechas compuesto por conservadores y liberales.
Inspirado en la estrategia de frentes populares que había llevado a coaliciones de
centroizquierda al poder en Francia en 1935 y España al año siguiente, el Partido
Comunista propuso la creación de un amplio Frente que reuniera a las fuerzas progresistas
del país, para combatir a los partidos de derecha que sustentaban al gobierno del presidente
Arturo Alessandri. En 1936 el Partido Radical aceptó integrarse al Frente Popular, y
dos años después se unió el Partido Socialista. Se sumaron también los sindicatos obreros
agrupados en la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), la Federación de Estudiantes de
Chile (FECH) y el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano,
conformando un amplio bloque de izquierdas que proclamó la candidatura del dirigente
radical Pedro Aguirre Cerda.
El Partido Radical se convirtió en el eje de la coalición y le correspondió la organización
del Frente Popular con vistas a las elecciones presidenciales de 1938. En ellas Aguirre
Cerda se enfrentó a Gustavo Ross, abanderado de los partidos de derecha, y a Carlos
Ibáñez del Campo, el ex-dictador que esta vez se presentó con el apoyo del Movimiento
Nacional Socialista y otros partidos pequeños. El candidato del Frente Popular presentó un
programa de gobierno basado en el fomento estatal a la industrialización, la protección de
los trabajadores y la extensión de la cobertura educacional, con el lema “Gobernar es
educar”. El fracaso de un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de jóvenes
nazis, obligó a Carlos Ibáñez a bajar su candidatura poco antes de las elecciones y apoyar
públicamente la de Aguirre Cerda, que triunfó por muy pocos votos sobre el candidato de
derecha Gustavo Ross.
Una vez en el gobierno, la coalición de centroizquierda creó, en 1939, la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO), cuyo objetivo fue el fomento de la economía
nacional en sus diversas áreas, mediante políticas públicas tendientes a fomentar la
producción industrial y la modernización del sector agrícola. Pilar fundamental de esta
estrategia de desarrollo fue una política arancelaria y cambiaria que incentivó la sustitución
de importaciones de bienes intermedios y manufacturados, fomentó la creación de líneas de
crédito de apoyo a la industria, la construcción de infraestructura y la instalación de
industrias básicas, como la generación de energía eléctrica, el refinado de combustibles
derivados del petróleo y la producción de acero. Asimismo, el gobierno del Frente Popular
llevó a cabo un ambicioso programa educacional, que se expresó en la construcción de más
de 1.000 escuelas básicas y la apertura de 3.000 plazas para nuevos maestros.
Aunque el Frente Popular desapareció en 1941 -por discrepancias entre los partidos
integrantes de la coalición-, la política de alianzas entre los partidos de centro y de
izquierda, así como las políticas industrializadoras, se mantuvieron por casi toda la década
de 1940. En este sentido, el Frente Popular fue una oportunidad única para la integración y
la estabilidad del sistema democrático. El Frente Popular no fue sólo una coalición política:
Intelectuales, artistas y escritores chilenos como Gabriela Mistral y Pablo Neruda se
compenetraron del clima que vivía el país y el mundo, y adhirieron públicamente al Frente
Popular y sus postulados. Entre los principales movimientos culturales de la época
destacaron la Generación literaria de 1938 y el colectivo poético surrealista Mandrágora, a
los que hay que sumar el contingente de artistas e intelectuales españoles que arribó a
Chile en 1939, escapando de la guerra civil en su país.

24. ASPECTOS POLÍTICOS
LA REFORMA AGRARIA (1962-1973)
La tierra para el que la trabaja
En las primeras décadas del siglo XX la sociedad rural chilena mantuvo la estructura
agraria tradicional, fundada en el predomino del gran latifundio y una jerarquía social
rígida, autoritaria y paternalista. En vista de esta situación las demandas por una reforma
agraria fueron desde comienzos de siglo una propuesta de los sectores progresistas del
país, como fue en el caso de la campaña presidencial del Frente Popular, en 1938. Sin
embargo, una vez en el poder, los gobiernos radicales decidieron privilegiar la
industrialización en el mundo urbano, postergando al rural. Como consecuencia, cientos de
miles de campesinos emigraron a las ciudades en busca de un mejor futuro, mientras que
la economía agraria comenzó a experimentar una crisis profunda caracterizada por su
incapacidad productiva, siendo necesario, en los años cincuenta, llegar a la importación de
alimentos.
Al comenzar la década de 1960 la presión por una reforma agraria volvió a manifestarse en
la sociedad chilena. Esta vez contó con el respaldo de la Iglesia Católica que repartió sus
propias tierras entre los campesinos y con el apoyo de Estados Unidos a través de la
“Alianza para el Progreso”. Enfrentado a las presiones, el gobierno de Jorge Alessandri
promulgó en 1962 la primera ley de Reforma Agraria N° 15.020, la que permitió
redistribuir tierras estatales entre campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a
cabo la reforma en el campo.
Con la llegada al poder de la Democracia Cristiana, a través de la presidencia de Eduardo
Frei Montalva, el proceso de reforma agraria alcanzó un impulso vertiginoso. Bajo el lema
“la tierra para el que la trabaja” el programa reformista del nuevo gobierno buscó la
modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización
campesina. Para lograr este objetivo se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria N°
16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió la sindicalización campesina. Sobre la base de
estos dos instrumentos legales se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5
millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 sindicatos que sumaron más de 100 mil
campesinos. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de
predios que polarizaron a la sociedad agraria chilena.
El nuevo gobierno de Salvador Allende continuó el proceso de reforma agraria, utilizando
los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno, con el fin de expropiar
todos los latifundios y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o
asentamientos campesinos. Este proceso también estuvo acompañado de una gran
efervescencia campesina que se expresó en la ocupación o tomas masivas de predios,
desatándose en el mundo rural un clima de violencia y enfrentamiento.
Al producirse el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular había
expropiado cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de
hectáreas. El viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años había
llegado a su fin. En las dos décadas siguientes el modelo neoliberal irrumpió en el mundo
rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas, quienes modernizaron la
producción agrícola y convirtieron en proletarios a los campesinos.

25. ASPECTOS POLÍTICOS
LA NACIONALIZACIÓN DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE
(1964-1971)
De las grandes transnacionales mineras a CODELCO
El cobre, principal riqueza y recurso de exportación chileno, ha sido la quot;viga maestraquot; de
nuestra economía en el siglo XX. Los antecedentes señalan que desde 1905, los principales
yacimientos cupríferos eran explotados por capitales norteamericanos, constituyendo
verdaderos enclaves dentro del territorio nacional. La relación entre estas empresas y el
Estado chileno, estuvo marcada desde la segunda mitad del siglo, por sucesivas
controversias relacionadas con aumentos de impuestos, el precio del cobre y las
inversiones.
Al comenzar la década de 1960, el surgimiento de ideas reformistas y revolucionarias en
América Latina, instalaron en la opinión pública nacional el tema de la recuperación de las
riquezas básicas, cobrando fuerza los postulados de la nacionalización. Un primer paso en
este proceso lo constituyó la llegada al Gobierno de Eduardo Frei Montalva y su
programa reformista de la quot;revolución en libertadquot;, cuya línea económica proponía un
conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva política cuprífera conocida como
la chilenización del cobre (1964).
Esta acción permitió la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería
del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, proponía un aumento
sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre
en nuestro territorio (1966). En plena marcha de este proceso, el alza del precio del cobre y
las altas utilidades de las corporaciones norteamericanas, reavivaron en la opinión pública
el debate sobre una nacionalización total, obligando al Gobierno a poner en marcha la
llamada nacionalización pactada.
De esta manera, al finalizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el camino a la
nacionalización integral de la gran minería del cobre quedó abierto, y fue recogido por las
candidaturas presidenciales de Radomiro Tomic y de Salvador Allende. El triunfo del
candidato de la Unidad Popular puso en marcha un inmediato proceso hacia la
nacionalización y estatización de la gran minería del cobre. Este proceso culminó el 11 de
julio de 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó, con muy pocas modificaciones y por
votación unánime, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del
cobre, caratulada como Ley Nº 17.450.
El mismo día, por la tarde, en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente
Salvador Allende se dirigió al país señalando que: “Chile va nacionalizar el cobre en virtud
de un acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las
Naciones Unidas, que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas
básicas”.