Propuesta de ley marco consulta libre previa informada conamaq cidob

PROPUESTA:

ANTEPROYECTO DE LEY MARCO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A
LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer
mecanismos, procedimientos, carácter, finalidad, principios, alcances, resultados,
ámbito de aplicación del proceso para la implementación del derecho colectivo a la
Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos y naciones indígena originario, de
carácter vinculante para el Estado Plurinacional en todos sus niveles, en
circunstancias de:

I. Aplicación de medidas legislativas y/o administrativas

II. Planes, programas, obras, proyectos, actividades de exploración, explotación y
transporte, de recursos mineralógicos, hidrocarburíferos, recursos hídricos,
otros recursos naturales, proyectos de infraestructura o cualquier otra medida
que afecte directa o indirectamente los derechos e intereses de dichos Pueblos
en sus territorios ocupados y/o ancestralmente ocupados.

ARTICULO 2. (Finalidad de la Consulta Previa Libre e Informada). La
finalidad de la Consulta Libre Previa e informada es obtener el acuerdo y
consentimiento previo de los pueblos y naciones indígena originario, en el ejercicio
de su libre determinación.

ARTICULO 3. (Marco Jurídico). La consulta previa constituye parte del
sistema de gobierno constitucional del Estado Plurinacional, así como de la
democracia comunitaria, directa y participativa que debe ser convocada con
anterioridad a la toma de decisiones.

La presente ley se sustenta de conformidad con las obligaciones establecidas en la
Constitución Política del Estado, en sus artículos: 2; 11, pará. II, núm. 1; 13, pará. IV;
30, núm. II, 15; 256, 352, 403, I; 410, el Convenio N° 169 de la Organización
Internacional del Trabajo ratificado por el Estado boliviano mediante ley 1257, en la
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones
Unidas ratificado mediante ley 3760, en la Convención Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San José), la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional
2003/2010–R y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.

Propuesta Anteproyecto Ley Marco de Consulta Libre, Previa e Informada a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios
CIDOB/CONAMAQ Página 1 de 16

ARTICULO 4. (Alcance). La Consulta Previa, Libre e Informada tendrá alcance
respecto a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas, así
como actividades de exploración, explotación, transporte de recursos mineralógicos,
hidrocarburíferos, recursos hídricos, otros recursos naturales, proyectos de
infraestructura o cualquier otra medida que pudiera afectar directa o indirectamente
a los pueblos y naciones indígena originario su participación deberá ser libre, previa
e informada.

ARTICULO 5. (Ámbito de Aplicación).

Conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, la consulta previa
libre e informada constituye un deber del Estado, que deberá realizarla de buena fe,
de manera concertada con las naciones y pueblos indígenas originarios a través de
sus instancias de representación y gobierno, en los territorios colectivos y/o
ancestralmente ocupados, susceptibles de ser afectados de manera directa e
indirecta, y bajo normas y procedimientos propios.

ARTICULO 6. (Principios). Los principios de observancia obligatoria de la
presente ley son:

Carácter del derecho colectivo a la consulta.- Entendido como un derecho
fundamental de los pueblos indígena originario, ejercido en su condición de pueblo y
nación como sujeto colectivo con territorio y organización ancestral preexistente a la
colonia.

Carácter previo.- Debe realizarse obligatoriamente antes de que el Estado
Plurinacional en todos sus niveles e instancias tome decisiones y entre en acuerdo
con terceros. Antes de que el Estado Plurinacional en todos sus niveles asuma una
medida administrativa, legislativa o la autorización de cualquier tipo de actividad,
obra o proyecto, que afecten directa o indirectamente a los pueblos, sus intereses,
derechos y territorios.

Carácter obligatorio.- Sin excepción alguna, el Estado Plurinacional en todos
sus niveles e instancias está obligado a realizar la Consulta Previa siendo nulos
todos los actos de éste en caso de omitir dicha obligación.

Buena Fe.- El Estado Plurinacional debe actuar con absoluta buena fe, en el marco
de la colaboración y el respeto mutuo, sin acciones dolosas, prebenda, proselitismo,
interferencia en las organizaciones de los pueblos y naciones indígena originario.

Carácter libre.- El Estado en todos sus niveles e instancias, debe garantizar a los
pueblos indígena originario, condiciones libres de presión, cooptación, intimidación
para la toma de decisiones u otras formas de coacción que vicien el consentimiento


de los pueblos. El proceso debe realizarse en el marco del consenso entre el Estado y
lo pueblos indígenas originarios respecto al objeto y procedimiento de consulta.

Información oportuna y veraz.- El Estado Plurinacional, con la debida anticipación,
tiene la obligación de brindar en forma oportuna y garantizar el acceso libre a toda la
información técnica, científica, administrativa, cultural, social, económica y legal para
que los pueblos y naciones indígena originario involucradas sean debidamente
informadas, sobre las medidas legislativas, administrativas, planes, programas,
proyectos, obras o actividades objeto de la consulta.

Transparencia. Todos los actos y decisiones del proceso de Consulta previa libre e
informada, deberán realizarse de manera transparente bajo sanción de nulidad.

Interculturalidad y espiritualidad.- El proceso de consulta se debe desarrollar
reconociendo y respetando la espiritualidad, valorando las costumbres, prácticas,
religiosidad y diferentes formas de organización social, cultural, económica; sus
formas de gestión, manejo integral y control territorial, así como la intangibilidad de
los lugares y espacios sagrados; expresiones lingüísticas de cada uno de los pueblos
y naciones indígena originario, posibilitando un diálogo intercultural y horizontal
que lleve al entendimiento y comprensión plena de los alcances de la consulta, sus
consecuencias y resultados.

Principio de Respeto a la Libre determinación de los Pueblos.- El Estado en
todos sus niveles e instancias debe respetar la libre determinación de los pueblos y
naciones indígena originario, quienes deciden por sí mismos su propio destino a
través de sus instituciones y cosmovisión. En el marco de este principio, las
decisiones sobre las formas de representación, participación, temporalidad,
organización y desarrollo de la consulta son facultades directas de los pueblos de
acuerdo a normas y procedimientos propios; precautelando la participación directa
e irrestricta de las comunidades sujetos de la consulta.

Carácter Vinculante.- Las decisiones que asuman durante el proceso de consulta los
Pueblos y naciones indígenas originaria tienen carácter vinculante. El Estado
Plurinacional en todos sus niveles e instancias está obligado a respetar y cumplir los
resultados del proceso de consulta, son exigibles en la vía administrativa, judicial,
constitucional e internacional.

Consentimiento previo.- Entendido como el requisito fundamental e ineludible
para que los Pueblos Indígenas Oririginaria una vez interiorizados e informados de
las medidas legislativas, administrativas, planes, programas, proyectos, obras o
actividades puedan decidir sobre su realización. La ausencia del consentimiento
previo presupone una prohibición a la medida objeto de la consulta.


Territorialidad.- El Estado Plurinacional en el proceso de consulta debe respetar la
integridad de los territorios colectivos y/o ancestralmente ocupados de los pueblos
indígena originario, que se traduce en la definición de su desarrollo de acuerdo a sus
criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. No podrá
realizar acciones, proyectos u obras que afecten o tiendan a afectar sus sistemas de
vida, el medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra.

Dualidad y equidad de género.- El Estado Plurinacional en concordancia con la
CPE, debe garantizar la dualidad y equidad de género, respetando el derecho a la
participación de hombres y mujeres de los pueblos y naciones indígena originarios
y, sujetos de procesos de consulta previa, promoviendo la igualdad de
oportunidades en diferentes niveles de participación, espacios de toma de decisión,
redistribución de recursos y beneficios.

ARTICULO 7. (Del Incumplimiento).- El incumplimiento de la aplicación del
proceso de consulta previa libre e informada según lo establecido en la presente ley
dará lugar a la nulidad de la medida legislativa, administrativa, obras, actividades
proyectos u otros afines. En caso de advertirse la implementación de este tipo de
proyectos y trabajos de exploración, explotación u otras afines, sin haberse cumplido
el procedimiento de consulta previa a las naciones y pueblos indígenas originarios,
se adoptarán medidas cautelares la cual se interpondrá ante autoridades
competentes, para que defina la paralización de la iniciativa.

CAPITULO II

COMISIÓN DE CONTROL Y MONITOREO

DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA

ARTICULO 8. (Comisión Nacional de Control y Monitoreo de la Consulta
Previa libre e Informada). Se crea la Comisión Nacional de supervisión, vigilancia y
Monitoreo de la Consulta Previa Libre e Informada, con jurisdicción nacional,
autonomía administrativa y de gestión, con el objetivo de velar por la estricta
aplicación de los principios y procedimientos de la presente ley.

ARTICULO 9. (Composición y Representación).- La Comisión Nacional de
supervisión, vigilancia y Monitoreo de la Consulta Previa libre e Informada, estará
conformada por un órgano colegiado en dos niveles: Comisión permanente y
comisión ampliada.
I . Comisión permanente estará integrada por:
1 representante de la APDDHH
1 representante de la Defensoria del Pueblo
4 representantes de los pueblos indígenas CIDOB - CONAMAQ


1 representante de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los
derechos humanos y elegido por los pueblos y naciones indígena
originario.
En el caso de los representantes de los pueblos indígenas éstos serán elegidos a
través de sus máximas instancias de representación orgánica, respetando los
principios de dualidad y equidad de género.

II. La Comisión ampliada estará integrada por:
7 miembros de la comisión permanente
1 representante de la instancia competente del Estado responsable de la
consulta
2 representantes de los pueblos a ser consultados

La comisión ampliada es una instancia que responde a cada uno de los procesos de
consulta, garantizando la participación y representación del pueblo a ser consultado
y de la entidad estatal responsable de la consulta.

ARTICULO 10. (Temporalidad). Los miembros de la Comisión Permanente
durarán en sus funciones un periodo de 2 años. La Comisión Ampliada tendrá
vigencia y funcionará durante los procesos de consulta en curso, por tanto su
carácter es temporal.

ARTICULO 11. (Competencias).
I.
1. Velar por la aplicación adecuada de los principios y procedimientos de la
presente ley.
2. Observar y recomendar que los procedimientos de consulta previa, libre e
informada se adecúen a las normas y procedimientos propios de los pueblos en
concordancia con los artículos previstos en la CPE y los convenios internacionales.
3. Contar con un registro actualizado de los procesos de consulta libre previa e
informada a nivel nacional.
4. Monitorear y evaluar los procesos y resultados de la consulta en todas sus
etapas, emitiendo informes en cada una de ellas.
5. Solicitar información que se considere necesaria a las instancias
correspondientes, para los fines de los procesos de consulta.
6. A solicitud de los pueblos interesados la Comisión evaluará la aplicación del
Derecho a la Consulta Libre Previa e Informada, en casos concretos, emitiendo
informes y recomendaciones que el caso amerite ante las instancias
correspondientes.
7. Realizar el seguimiento de las denuncias y reclamos sobre procesos de consulta
que se encuentran en conflicto.


8. Orientar a los órganos del Estado Plurinacional en los principios y
procedimientos de consulta previa, libre e informada, de acuerdo a la presente ley.
9. Acompañar a las naciones y pueblos indígenas originarios en la parte técnica
jurídica en todos los procesos relacionados con la consulta.
10. Elaborar informes recomendaciones y análisis técnico jurídico en el ámbito de
los procesos de la consulta.

II. Esta Comisión como ninguna otra instancia, en ningún momento tomará
atribuciones por sobre las decisiones de los pueblos indígenas originarios sujetos de
la consulta.

ARTICULO 12. (Régimen Financiero). El Estado asignará y creará una partida
presupuestaria permanente con recursos del TGN para el funcionamiento de la
Comisión Nacional de Supervisión, Vigilancia y Monitoreo de la Consulta Previa
Libre e Informada.

CAPITULO III

ACTORES EN EL PROCESO DE CONSULTA LIBRE,

PREVIA E INFORMADA

ARTICULO 13. (Sujetos Titulares del Derecho a la Consulta Previa, Libre e
Informada).
Son sujetos titulares del derecho a la consulta previa, libre e informada las Naciones
y Pueblos Indígena Originarios, entendida ésta como la colectividad humana que
comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones propias,
territorialidad, cosmovisión, pre existencia a la colonia y que en la actualidad
mantienen toda o parte de sus instituciones ancestrales cuyos intereses y derechos
colectivos pueden verse afectados de forma directa o indirecta por una medida
legislativa, administrativa, planes, programas, proyectos, obras o actividades a
adoptarse y/o ejecutarse por el Estado Plurinacional en todos sus niveles e
instancias.

Los criterios para identificar a las Naciones y Pueblos indígenas originarios son:

a) El dominio ancestral del territorio.

b) Existencia precolonial.

c) De prioridad en el tiempo con relación a la ocupación y el uso colectivo de un
determinado territorio.


d) Auto identificación y el reconocimiento de su identidad.

f) Que haya atravesado experiencias de marginación, exclusión o discriminación
cultural y lingüística, persistan o no dichas condiciones.

g) Patrones culturales, modo de vida, instituciones propias que los representa,
distintos a los de otros sectores de la población boliviana.

ARTICULO 14. (Identificación y legitimación de las instituciones y
organizaciones representativas de las naciones y pueblos indígenas,
originarios,). Las naciones y pueblos indígena originario, sujetos del proceso de
consulta, para identificar y determinar la legitimidad de sus instituciones y
organizaciones representativas, deben presentar la acreditación ante la autoridad
competente de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

En caso de controversia sobre la legitimidad de los representantes y las instituciones
u organizaciones representativas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, a
ser consultados, se solicitará la certificación y acreditación de la organización
regional y/o nacional a la que pertenecen.

ARTICULO 15. (Sujetos obligados a realizar la consulta previa, libre e
informada). El Estado Plurinacional en sus niveles de gobierno nacional,
departamental y municipal, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los órganos
legislativos departamentales y municipales, en el ámbito de sus competencias, se
constituyen en actores en el proceso de consulta previa libre e informada, como
sujetos obligados a cumplir con el derecho de consulta en consenso con las naciones
y pueblos indígenas originario.

ARTICULO 16. La Comisión Nacional de Control y Monitoreo acompañará el
proceso de consulta según sus competencias establecidas en el artículo 11 de la
presente ley.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO Y ETAPAS DE LA CONSULTA PREVIA,

LIBRE E INFORMADA

ARTICULO 17. (Momentos de la consulta). La consulta previa, libre e
informada se realizará de manera obligatoria en dos momentos.
1. El proceso de consulta se debe realizar de forma previa antes de que el Estado
Plurinacional en todos sus niveles tome medidas legislativas y administrativas;
autorice actividades, obras, proyectos; suscribe acuerdos, contratos; otorgue
concesiones en territorios de los pueblos indígena originario s,


2. El proceso de consulta se debe realizar de forma previa a la implementación y
aprobación de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental o cualquier otro
instrumento técnico para la otorgación de la Licencia Ambiental.
ARTICULO 18. (Procedimiento). Se denomina procedimiento de consulta libre
previa e informada al conjunto de acciones asumidas por parte del Estado en
consenso con los pueblos y naciones indígena originario que abarcan desde el
contacto inicial, las reuniones explicativas, la entrega de información oportuna y
suficiente, el consenso de un plan y cronograma, la implementación de actividades
hasta llegar a los resultados del proceso realizado en estricto respeto y
reconocimiento a las formas de representación natural y orgánica de los pueblos y
naciones indígena originario.

ARTICULO 19. (Etapas del proceso de consulta).
I. La primera etapa consiste en la toma de contacto y planificación del proceso de
consulta comprende los siguientes pasos:

a) El Estado Plurinacional en todos sus niveles de gobierno nacional,
departamental y municipal comunicará a los Pueblos Indígenas Oiginarios de
manera escrita las medidas: legislativas, administrativas, planes, programas,
proyectos, obras y/o actividades que pretenden ser implementadas dentro de sus
territorios susceptibles de afectarles. Esta comunicación se realizará a través de las
instituciones y representaciones propias de estos pueblos.

b) El Estado Plurinacional a través de sus niveles de gobierno nacional,
departamental y municipal debe entregar toda la información técnica, jurídica,
científica, administrativa, económica, social, cultural, ambiental, completa, veraz,
oportuna, transparente y accesible, a las instancias de representación definidas por
las naciones y pueblos indígena originario Dicha información debe cumplir con los
principios establecidos en la presente ley.

c) Recibida la información, los pueblos y naciones indígena originario, analizarán
y deliberarán, basándose en sus normas y procedimientos propios, pudiendo
solicitar información complementaria, rectificaciones, aclaraciones, enmiendas a la
entidad estatal pertinente, cuantas veces se requiera.


d) Analizada la información, los pueblos y naciones indígena originarios,
procederán a elaborar el cronograma y planificar el proceso de consulta a través de
sus instituciones, normas y procedimientos propios; medidas que serán puestas a
conocimiento y consensuadas con la entidad estatal pertinente.

II. La segunda etapa consiste en sesiones explicativas donde el Estado, a través de
sus niveles e instancias correspondientes, debe realizar reuniones informativas,
explicativas y analíticas en relación a las iniciativas y medidas estatales susceptibles
de afectar a los pueblos y naciones indígenas originarias

a) Las reuniones explicativas e informativas se deben realizar de acuerdo a la
planificación y cronograma establecido, en un tiempo mínimo de 30 días calendario,
término que no tiene carácter perentorio y está sujeto a ampliaciones, dependiendo
de las características territoriales, culturales, garantizando que la misma sea
realizada con toda la población indígena del territorio de acuerdo a normas y
procedimientos propios.

b) Recibida la explicación por parte del Estado, los pueblos y naciones indígena
originario, de manera independiente analizarán y deliberarán de acuerdo a sus
normas y procedimientos propios, pudiendo realizar observaciones, objeciones y/o
propuestas; además de solicitar información complementaria a la entidad
pertinente, rectificaciones, aclaraciones, enmiendas

III. La tercera etapa comprende la toma de decisiones por parte de los pueblos, de
manera libre sin presión y sin interferencia del Estado, de acuerdo a normas y

a) Si como el resultado de la consulta, los pueblos y naciones indígena originario
resuelven rechazar la medida legislativa, administrativa, actividad obra o proyecto,
se comunicará al Estado y se procederá a la firma de un Acta que será protocolizada
y publicada dando por concluido el proceso de consulta. Decisión que debe ser
respetada por el Estado Plurinacional.


b) Si el resultado de la consulta da lugar a la aceptación de la medida, legislativa,
administrativa, actividad obra o proyecto, se ingresará a la cuarta etapa del proceso,
consistente en la suscripción de acuerdos.

IV. La cuarta a etapa está referida a la suscripción de acuerdos entre el Estado y los
pueblos indígena originario, la cual debe circunscribirse a lo establecido en el
Capítulo V de la presente Ley.

ARTICULO 20. (Información en el proceso de consulta). Durante el
desarrollo de las distintas etapas del proceso de consulta, las Naciones y Pueblos
Indígenas Originarios, podrán solicitar al Estado la realización de estudios técnicos
independientes, construyendo propuestas técnico investigativas con participación de
los pueblos para profundizar la información sobre los probables impactos de la
medida legislativa, administrativa, actividad, obra o proyecto objeto de la consulta.

ARTICULO 21. (Prohibiciones durante el proceso de Consulta). En cada una
de sus fases, se prohíbe la realización de campañas publicitarias de promoción de la
medida legislativa y/o administrativa, actividad, obra o proyecto que es objeto de
consulta, así como el desarrollo de acciones de cooptación económica, donaciones u
otros por parte del Estado o entidades públicas y privadas vinculadas con la medida
en consulta.

ARTICULO 22. (Asistencia Técnica). En el desarrollo de las distintas etapas del
proceso de consulta, las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, contarán con
apoyo técnico especializado seleccionado por los pueblos, financiados con fondos
provistos por el Estado, sin que ello sea una limitante para contar con asesoramiento
técnico de otras instituciones.

ARTICULO 23. (Financiamiento). El Estado plurinacional en todos sus niveles e
instancias, está obligado a proveer los recursos económicos para la realización de la
consulta previa libre e informada.

CAPITULO V

DE LOS ACUERDOS

ARTICULO 24. (Materialización de los Acuerdos). Los acuerdos deben
considerar los siguientes criterios:


a) Sujeción a la Constitución Política del Estado, al Convenio 169 de la OIT, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la
jurisprudencia nacional e internacional.

b) Garantizar que las medidas legislativas y/o administrativas, actividades, obras
o proyectos u otras acciones respeten a la Madre Tierra, no afecten ni alteren
negativamente la existencia de los pueblos, el medio ambiente y su integridad
territorial; ni sus modelos propios de desarrollo.

c) Garantizar mecanismos de financiamiento de las medidas de prevención,
mitigación, compensación, reparación, a los pueblos y naciones indígenas
originarias.

d) Derecho de los actores consultados a la participación directa en los beneficios
que reporten las actividades obras y proyectos.

e) Indemnizaciones, reparaciones y compensaciones en caso de producirse daño a
los valores económicos, sociales, culturales, espirituales, al medio ambiente y/o
afectación de derechos colectivos. Considerando la imprescriptibilidad de los delitos
ambientales, así como los cometidos contra la Madre Tierra y la violación de los
derechos humanos.

f) Compensaciones territoriales e indemnizaciones por el territorio, en caso de
suscitarse pérdida o afectación a sus territorios, en estricta sujeción a los principios
reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.

g) Garantizar el control, monitoreo y seguimiento social y ambiental.

h) Plazos en que se efectivizarán los acuerdos.

i) Las formas de cumplimiento y ejecución de los mismos.

j) Sistemas de vigilancia y monitoreo.

k) Especificación de las instituciones encargadas de la vigilancia.

l) Penalidades ante el incumplimiento de los acuerdos.

m) Alternativas de resarcimiento de posibles daños emergentes.

n) Las formas de compensación y reparación serán establecidas por los pueblos
indígenas originarios afectados según sus prioridades.


ARTICULO 25. (De las Compensaciones en la etapa de acuerdos). En caso
que corresponda los acuerdos deben establecer la compensación financiera, cuando
las medidas legislativas, administrativas, actividades, obras o proyectos, afecten a
los Pueblos Indígenas Originario, de manera directa o generen impactos socio
ambientales negativos directos, acumulados y a largo plazo. El Estado en todos sus
niveles e instancias debe garantizar la compensación, respetando la territorialidad,
normas y procedimientos de los pueblos. La compensación debe tomar en cuenta los
estudios de impacto ambiental integral.

ARTICULO 26. (De la indemnización). Se procederá a indemnizar por daños y
perjuicios emergentes de las actividades obras y proyectos que afecten a los Pueblos
Indígenas Originario, respetando sus normas y procedimientos propios.

La indemnización debe contemplar el resarcimiento emergente de los perjuicios
ocasionados en la actividad productiva y al sistema tradicional de aprovechamiento
de recursos naturales, de los mencionados pueblos.

ARTICULO 27. (Derecho a Servidumbre). Se procederá al pago por el paso de
servicios y uso territorial por las actividades, obras y proyectos que afectan a los
territorios de los pueblos indígenas originarios, respetando sus normas y

ARTICULO 28. (Valoración de los impactos y afectaciones). Las medidas de
compensación e indemnización deben estar basadas en estudios técnicos, auditorías
ambientales u otros, con participación de los pueblos y naciones indígenas
originarias, que permitan la valoración económica social, cultural y ambiental de los
impactos y afectaciones, como instrumento informativo para determinar
subsecuentes indemnizaciones y compensaciones económicas a favor de los pueblos
y naciones indígena originario, afectados por la obra, actividad o proyecto.

ARTICULO 29. (Participación directa en los beneficios). El Estado debe
entregar de manera transparente la información sobre los costos, beneficios y
utilidades a obtenerse por las actividades, obras o proyectos objeto de consulta, con
el fin de establecer condiciones y formas de participación de los pueblos indígenas
originarios en estos beneficios.

ARTICULO 30. (Valor legal de los acuerdos). Los acuerdos suscritos entre las
partes, tienen todo el valor jurídico, son de efecto vinculante y cumplimiento
obligatorio, por tanto causarán estado, salvo que se realicen vulnerando las
previsiones establecidas en el Artículo 21 de la presente ley dando lugar a la revisión
o anulación del acuerdo.


ARTICULO 31. (Inviolabilidad de los Acuerdos). Los acuerdos consolidados
entre las partes, no serán susceptibles de desconocimiento, incumplimiento o de
otras acciones tendientes a reducir sus efectos legales, tampoco serán susceptibles
de retractación de las partes, ni de nulidades posteriores, salvo que en la suscripción
de los mismos, no hayan intervenido los representantes legítimos y orgánicos de las
naciones y pueblos indígenas originarios y autoridades sin competencia o se haya
trasgredido lo previsto en el Artículo 21 de la presente ley.

ARTICULO 32. (Documentación y Registro de los Resultados y Acuerdos del
Proceso de Consulta).

I. Las sesiones explicativas, los debates, resultados del proceso de consulta y los
posteriores acuerdos a los que se arriben, constarán en actas respectivas,
refrendadas por las partes, debiendo formarse un expediente para cada proceso. Un
ejemplar de los mismos se registrará en los archivos de las naciones y pueblos
indígena originaria que forme parte del acuerdo, otro a la entidad estatal pertinente
y finalmente un ejemplar será entregado a la Comisión de Control, Vigilancia y
Monitoreo de la consulta libre previa e informada.

II. Los acuerdos entre partes, serán debidamente protocolizados ante Notario de
Fe Pública, y ante las instancias de la jurisdicción indígena originaria a efecto de que
adquieran el carácter de documento público y surtan los efectos legales pertinentes.
El notario y la autoridad de la jurisdicción indígena originaria se encargará de
entregar testimonios de dichas actas a las partes para los fines consiguientes.

III. Los acuerdos forman parte inseparable y se incorporan a toda la
documentación técnica, legal y social de la medida legislativa y/o administrativa
actividad, obra o proyecto.

ARTICULO 33. Los acuerdos a los que se arriben durante el proceso de consulta,
no serán excluyentes de otros derechos que puedan beneficiar a los Pueblos y
Naciones Indígena originario.

ARTICULO 34. (Inexistencia de acuerdos). Si en el curso de las reuniones
conciliatorias, no se suscitaren coincidencias y ello diere lugar a la inviabilidad de
acuerdos, el Estado se abstendrá de aprobar, autorizar, implementar y ejecutar
medidas legislativas y/o administrativas, actividades, obras o proyectos que afecten
los territorios ancestrales de las Naciones y Pueblos Indígena Originario ,
constituyéndose el Acuerdo en requisito imprescindible.

ARTICULO 35. (Responsabilidad del Estado). Suscrito el Acuerdo y registrado
el mismo en las instancias pertinentes, éste alcanzará la calidad de instrumento


público, circunstancia ante la cual el Estado se convierte en el principal responsable
y obligado para garantizar su efectivo cumplimiento.

ARTICULO 36. (Responsabilidad de los representantes de las Naciones y
Pueblos Indígenas Originarios).

I. Los y las representantes de las naciones y Pueblos Indígenas Originarios
, previo a cualquier acuerdo a ser suscrito, tienen la obligación ineludible de cumplir
el mandato de sus instancias organizativas a las que representan, bajo alternativa de
declararse nulos los que se pacten sin su consentimiento.

II. Los representantes que incumplan el mandato de sus instancias
organizativas, serán susceptibles de las acciones disciplinarias al interior de cada
Nación y Pueblos Indígena Originario, de conformidad a sus normas y

ARTICULO 37. (De las omisiones). Las omisiones que generen incumplimiento
a los acuerdos por parte de los representantes de entidades públicas y privadas,
serán susceptibles de ser denunciadas, procesadas y sancionadas penalmente,
además de las acciones civiles que puedan interponerse para el resarcimiento del
daño emergente.

ARTICULO 38. (Intervención de las instancias internacionales). Ante el
incumplimiento por parte del Estado a los acuerdos arribados y el daño a territorios
ancestrales afectando derechos colectivos de las naciones y Pueblos Indígena
Originario, agotadas las instancias nacionales, de persistir dicho incumplimiento y el
daño, las Naciones y Pueblos Indígena Originarios, podrán acudir a las instancias
internacionales existentes en el marco del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, en la búsqueda de justicia y reparación definitiva, denunciando al Estado
boliviano.

ARTICULO 39. (Causales de Nulidad). Son causales de nulidad del proceso de
consulta:

a) El incumplimiento de uno o más principios y criterios establecidos en los
Artículos 6 y 13 (principios, sujetos) de la presente ley.

b) Incumplimiento de etapas y/o fases del procedimiento en los Artículos 30 y 31
de la presente ley.

c) Incurrir en cualquiera de las prohibiciones señaladas en el artículo 21 de la
presente Ley.


d) Toda acción que vicie el consentimiento libre, previo e informado.

ARTICULO 40. Identificadas las causales de nulidad señaladas en el artículo
anterior, el Pueblo Indígena Originario afectado formulará el reclamo ante la
instancia estatal pertinente. La negativa a reparar las omisiones advertidas dará
lugar a la interposición de la Acción Popular en estricta aplicación del Artículo 135
de la Constitución Política del Estado y otras acciones constitucionalizadas de
defensa de los derechos.

CAPITULO VI

SANCIONES

ARTICULO 41. (De las entidades Públicas y Privadas). Las autoridades
públicas, entidades privadas y personas particulares que obstaculicen el normal
desarrollo del proceso de consulta e incumplan la aplicación de resultados de la
misma, serán pasibles de la acción penal correspondiente por los delitos previstos en
los Artículos 153 y 154 del Código Penal Boliviano, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias o administrativas de parte de las instituciones a las que pertenezcan
los transgresores y de la intervención de la Jurisdicción Indígena Originario, para
quienes formen parte de esos territorios indígenas.

CAPITULO VII

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ARTICULO 42. A partir de la promulgación de la presente ley, se abre un período
de un año para la regularización, saneamiento o restitución del derecho de consulta,
en relación a aquellas medidas legislativas, administrativas, actividades, obras y
proyectos implementados con posterioridad a la Ley 1257 de ratificación del
convenio 169 OIT y que se materializaron omitiendo el derecho de consulta previa a
los pueblos Indígena Originario. Al cumplimiento de dicho período, aquellas
medidas legislativas y/o administrativas, actividades, obras y proyectos
implementados, serán nulas de pleno derecho.

ARTICULO 43. A partir de la promulgación de la presente ley se establece un plazo
perentorio de 120 días para la conformación de la Comisión de Control, Vigilancia y
Monitoreo según establecido en el Capítulo II de la presente ley.

CAPITULO VIII

ABROGACIONES Y DEROGACIONES


ARTICULO 44. (De las abrogaciones). Quedan abrogadas en general todas las
disposiciones legales y administrativas que contravengan lo establecido en los
Artículos de la presente ley.

ARTICULO 45. (Derogatoria específica). Quedan derogados los Artículos 39 y 40
de la Ley No. 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010.

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