Este documento resume los principales cambios en la industria minera en Perú desde la década de 1990, incluida la promulgación de una nueva ley minera en 1992 que fomentó la inversión privada. Sin embargo, también surgieron nuevos desafíos sociales y ambientales a medida que crecieron los proyectos mineros. El gobierno peruano ha implementado políticas para distribuir mejor los beneficios de la minería y asegurar la participación de la sociedad civil, pero todavía queda trabajo por hacer para abordar plenamente los

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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA,
METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA,
METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA
WALTER HUAYLINOS VILLALVA
La minería es el principal generador de
divisas del país:
1995: 47,6%
2004: 55%
2010: 43% del total nacional.
La Ley General de Minería (1992) fomentó
la inversión privada en el sector minero y
estableció mecanismos orientados a
generar una mayor seguridad jurídica para
la explotación minera.
Proyectos auríferos (Yanacocha).
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Los principales cambios consistieron:
Eliminar la discriminación contra los capitales
extranjeros,
Brindar libre disponibilidad de las utilidades
conseguidas,
Reducir las tasas impositivas,
Incluir facilidades e incentivos para la importación de
equipos,
Depreciación acelerada y
Dispensación del pago de impuestos hasta la
recuperación de la inversión.
Sin embargo, este resurgimiento de la actividad
minera no generó los beneficios que esperaban.
Nueva cultura social y ambiental en torno a las industrias
extractivas, que planteó nuevos retos:
Fortalecimiento de los grupos indígenas y
Reivindicación de sus derechos
Desarrollo de nueva normatividad ambiental.
Esta nueva tendencia en lo social y ambiental coincidió con un
“boom” de la minería (nuevos y mayores yacimientos), nuevas
prácticas de recuperación de los minerales e impactos
ambientales inesperados.
Como resultado se fue creando un rechazo hacia la minería,
debido a:
Su influencia en el deterioro ambiental y
Al poco respeto que algunas empresas mostraban por los derechos humanos
de las poblaciones cercanas a sus operaciones.
Al rol del estado como autoridad
A la imparcialidad de organismos internacionales
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El gobierno peruano ha diseñado políticas que promueven
una mejor distribución de los beneficios de los ingresos
provenientes de la minería a favor de las comunidades:
Canon minero
Regalías mineras
Impuesto a la sobre ganancia
Asimismo, ha generado políticas y mecanismos para
asegurar una participación de la sociedad civil en temas
relacionados con la minería.
Ley de participación ciudadana RM N° 304-2008-EM/DGM
Ley de consulta previa DS N° 023-2011-MEM
Las empresas mineras también han cambiado sus
paradigmas e iniciaron nuevos procesos de consulta; en el
proyecto de Las Bambas se ha iniciado un diálogo
temprano con las comunidades y los gobiernos locales y
regionales para informarles los alcances del mismo.
COMPRAS
Bajo impacto en el aparato productivo nacional:
Compras a empresas comercializadoras y no
fabricantes.
Compras a proveedores de la capital (Lima):
Yanacocha en Cajamarca
Southern Perú en Moquegua.
CONTAMINACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO
COMPRA DE TERRENOS (1990)
Yanacocha
Antamina
Tintaya
CAMBIO DE USO DE TIERRAS
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CALIDAD DE AIRE
Emision de gases: Doe Run (La Oroya) e Toquepala (Ilo).
Dispersion de relaves, el conflicto entre el pueblo de San
Mateo de Huánchor y la operación de Tamboraque.
USO ALTERNATIVO DE RECURSOS
Negativa de las poblaciones locales por el temor a la
contaminacion real o petencial de sus aguas y tierras.
Reubicacion de poblaciones y cambio de actividades
(Tambogrande).
Cambio de actividades economicas (Majaz).
PARTICIPACION CIUDADANA
Inicio de operaciones sin la previa licencia social.
Si la minería significa tantos beneficios:
¿Cómo pueden estar contra una actividad económica que trae
crecimiento económico?;
¿Por qué sus habitantes no aprecian los avances que las empresas
mineras presentan en sus balances sociales?
Quizá la respuesta radique simplemente en el Estado los
sigue excluyendo de su condición de ciudadanos; en que sus
capacidades no han aumentado; y en que, como
comunidades, se ven obligadas a competir con las empresas
mineras para usar recursos como el agua y la tierra o para
conservarlos.
En cuanto a los conflictos, continuamos esperando a que
surjan para solo entonces actuar sobre ellos. Todavía no
generamos herramientas que permitan intervenir en sus
causas más visibles, como la valoración de la tierra en los
procesos de venta o la valoración de los impactos
ambientales, lo que permitiría llegar a acuerdos de
compensación más adecuados.
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