El documento resume los esfuerzos del gobierno colombiano y la sociedad civil para combatir la corrupción, incluyendo la creación de una Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, el fortalecimiento de los organismos de control como la Procuraduría General y la Contraloría General, y el desarrollo de herramientas como un sistema unificado de denuncias y un observatorio anticorrupción. Sin embargo, se necesita más recursos y reglamentación para implementar efectivamente estas medidas, así como mejorar la participación ciudadana a trav
1. Cuarta Ronda del Comité de Expertos
del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción
(MESICIC)
Movámonos, logremos un país sin
corrupción
Abril 8 de 2013
2. Informe de la Sociedad Civil
“Transparencia por Colombia ha exhortado al gobierno nacional
a que dentro de la formulación de la Política Pública se exalte
que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de
todas las entidades, incluidos los órganos superiores de control,
y no debe estar concentrada en una sola oficina, ni una sola
rama. Si bien el poder ejecutivo ha asumido el desafío en la
implementación de una política anticorrupción, se hace
necesaria la articulación de las tres ramas del poder y el
ministerio público para fortalecer los sistemas y procesos de
prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción,
con el fin de tener sistemas de control que ayuden a subsanar
las debilidades anteriores que se presentan sobre este
fenómeno.”
3. Órganos de Control en Colombia
El artículo 117 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
establece los organismos de control que se agrupan en el
Ministerio Público:
1. Procuraduría General de la Nación
2. Contraloría General de la República
3. Fiscalía General de la Nación
4. Auditoria General de la Nación
Transparencia por Colombia seleccionó para
análisis en el informe la PGN y la CGR.
4. Estatuto Anticorrupción
(Ley 1474 de 2011)
• Nuevas funciones que adquiere la
Contraloría General de la República en
materia de control fiscal.
Adopción de medidas
tendientes a fortalecer la
• Ampliación de la planta de la Contraloría eficacia y eficiencia de los
General de la República y de las contralorías organismos de control del
territoriales con la creación de nuevas Estado encargados de
dependencias y cargos. controlar, vigilar y
sancionar los hechos de
• Lo mismo ocurre en la Procuraduría corrupción.
General de la Nación. El Estatuto consagra
los procedimientos y las causales por las
que se debe proferir la apertura del proceso
verbal disciplinario.
5. Dificultades
• Las medidas establecidas para generar resultados más
rápidos y oportunos se ven limitadas por la falta de recursos
humanos, económicos, tecnológicos y en capacitación que
impiden que se implementen efectivamente.
• Aún es posible encontrar falencias importantes en los
procesos y procedimientos de los órganos de control, que
generan riesgos de corrupción.
• Reglamentación del Estatuto.
6. Acciones especificas de prevención
• Observatorio Anticorrupción.
• Índice de Gobierno Abierto
• Sistema de Rendición
Electrónica de Cuentas e
Informes – SIRECI.
Divulgación y pedagogía sobre cada una de las
herramientas
7. Canales de denuncia
• La Auditoría, la Contraloría, la Contaduría, la Procuraduría y el
Ministerio de las TICs firmaron un Convenio de Coadyuvancia
para adelantar acciones orientadas al fortalecimiento del
control fiscal y disciplinario, a través del uso de las TICs.
• La Secretaría de la Transparencia propuso darle impulso a la
creación de un sistema coordinado de recepción de denuncias
sobre hechos de corrupción que permitan facilitarle al
ciudadano.
• Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel para derrotar la
corrupción.
La Secretaría de Transparencia, de la mano con
el Min. de las TICS, ha venido trabajando en el
diseño de la ventanilla unificada de denuncias.
8. Recomendaciones
• Los canales de denuncia no se han
institucionalizado, ni son referentes reconocidos
por la ciudadanía en general ni por los servidores
públicos en particular.
• Publicidad y pedagogía sobre la herramienta de
denuncia para ciudadanos y funcionarios.
• Mecanismos de protección al denunciante.
Ley modelo para facilitar e incentivar la
Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a
sus Denunciantes y Testigos
9. Ley estatutaria de participación
ciudadana
En diciembre de 2011 la Cámara de Representantes aprobó en primer
debate el proyecto de Ley Estatutaria de Participación que mejoraba el
marco legal dado por la ley 134 de 1994.
Para la formulación del Estatuto se llevaron a cabo mesas de trabajo con
la participación de ciudadanos y miembros de varias organizaciones de la
sociedad civil.
Este Estatuto se encuentra en proceso de
revisión por parte de la Corte Constitucional.
10. Preocupaciones sobre el Estatuto
de Participación Ciudadana
• El proyecto de ley se refiere al Fondo de Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Democracia, pero no señala nada acerca del
incremento de sus recursos ni del tipo de proyectos que debe
auspiciar.
• La Comisión que concilió los textos de las dos Cámaras suprimió lo
referente a la rendición de cuentas de las bancadas de los partidos
en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República.
El proyecto que resultó de la consulta ciudadana incluía una serie de
definiciones y principios, cuya inclusión tenía como propósito delimitar
el alcance de la participación democrática y los principios que la
inspiran. Esos principios y definiciones fueron suprimidos a medida que
el proyecto fue avanzando en el Congreso.
11. Comisión de moralización
El estatuto Anticorrupción en su
capítulo quinto “Organismos
Especiales para la lucha contra la
corrupción, contempla en su artículo
62 la conformación de la Comisión
Nacional para la moralización.
Comisiones Regionales de Moralización, que tienen como objeto poner
en marcha los lineamientos propuestos por la Comisión Nacional y
coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de
prevención, investigación y sanción de la corrupción.
12. Comisión Nacional Ciudadana Para
La Lucha Contra La Corrupción - CCCC
1. Consolidación de espacios de diálogo
intersectorial para evaluar las políticas, programas y
proyectos promovidos por el Gobierno para la lucha
contra la corrupción.
2. Retroalimentación a las propuestas del gobierno
para la consolidación de la Política Integral
Anticorrupción.
3. Fortalecer un canal de comunicación entre el Estado y sectores
representados en la CCCC con el fin de promover una construcción
colectiva de acciones que impacten en la prevención, control y sanción de Resultados de
la corrupción. la gestión
4. La CCCC ya comenzó a sesionar, estableciendo su reglamento, su
planeación, sus metas anuales y una estrategia de gestión de recursos
para garantizar su funcionamiento.
Notes de l'éditeur
La lucha contra la corrupción se ha centrado en la Rama Ejecutiva, principalmente en la Secretaría de la Transparencia. Reconocemos la importancia de las comisiones especiales que se crearon en el Estatuto Anticorrupción, pero es necesario aprovechar los espacios territoriales.
TpC seleccionó para el análisis de este informe a la CGR y a la PGN. El criterio por el cual se escoge a la CGR es por la relevancia en sus funciones de control, como la entidad de fiscalización superior en Colombia. Más concretamente, por tener funciones directamente relacionadas al control fiscal en materia de lucha anticorrupción. Así mismo la PGN tiene entre sus funciones la sanción disciplinaria. Las dos entidades han emprendido un proceso de fortalecimiento institucional al marco jurídico colombiano recientemente establecido para combatir la corrupción como son el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Acceso a la Información y Transparencia (la primera aun debe reglamentarse y la segunda está en estudio de la CC).
PGN: En estos últimos años la PGN ha dado mucha importancia a la promoción de programas y proyectos en la lucha contra la corrupción. Entre ellos está la creación del Observatorio Anticorrupción , para capturar, analizar y generar sistemáticamente información relevante, con el fin de detectar y prevenir riesgos y actos de corrupción en la gestión pública. Dentro de las actividades a realizar se busca generar insumos para elevar el nivel de discusión sobre el fenómeno de la corrupción y contribuir a adoptar estrategias efectivas que permitan luchar eficazmente contra esta problemática. En este sentido y, en el marco del Estatuto Anticorrupción, el Observatorio constituirá un apoyo a la Comisión de Moralización y la CCCC. (Ya está lista la plataforma web del Observatorio, ahora es importante su alimentación, la divulgación de la herramienta y la pedagogía sobre la misma a funcionarios y ciudadanía) IGA –Índice de Gobierno Abierto- indicador sintético que mide el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción. Se entienden como normas estratégicas anticorrupción aquellas disposiciones que buscan implementar medidas preventivas en el sector público en el marco de las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción. Bajo esta perspectiva, el IGA constituye una herramienta de medición que apunta a construir un gobierno abierto, es decir, un gobierno accesible, transparente y receptivo16 a partir del esquema conceptual denominado Cadena de valor de la gestión de la información. Los indicadores del IGA, así como sus fuentes de información, provienen de 9 entidades del orden nacional y de las 63 contralorías territoriales. El IGA se basa en una estrecha colaboración y coordinación entre múltiples entidades del Estado que realizan monitoreo y control a la gestión pública territorial, lo que permite apalancar la labor que cada entidad realiza y optimizar los recursos. Este esfuerzo interinstitucional a través del IGA busca un triple objetivo: i) generar alertas tempranas sobre irregularidades administrativas, ii) promover el cumplimiento normativo y buenas prácticas, y iii) prevenir sanciones disciplinarias y actos de corrupción. (En el informe sobre la comisión de moralización no mencionan nada del IGA) El Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes (SIRECI) es la herramienta tecnológica mediante la cual los sujetos de vigilancia y control fiscal y las entidades del nivel territorial, rinden cuentas e informes de manera electrónica a través de la página web de la CGR, según la modalidad de rendición a la Contraloría General de la República. La CGR ha fortalecido todo un sistema de atención a denuncias y una Contraloría delegada para la participación ciudadana con el fin de vincular a la ciudadanía y a los ejercicios de control social veedurías en los procesos de auditoría con el fin de hacer un frente común en lucha contra la corrupción, por medio de las nuevas tecnologías de la información que hasta el momento está en etapa de implementación.
La Secretaría de la Transparencia ha propuesto la creación de un software que funcione como un sistema de ventanilla única en el país que recoja, administre y redireccione las denuncias que se establezcan hacia funcionarios o hechos de corrupción . El objetivo es desarrollar una política integral donde el ciudadano pueda identificar solo un mecanismo de denuncia y que se contemplen las instancias necesarias para la protección de los denunciantes en caso de que así lo requiera. Si bien la Secretaría de Transparencia ha expresado en distintas ocasiones que se vienen realizando avances en la creación de dicho software, la ciudadanía en general aun no tiene conocimiento de esta información y se espera que en los próximos meses se pueda tener una mayor aproximación sobre el mecanismo, así como brindar posibilidades de seguimiento y monitoreo en cuanto a su efectividad.
Los canales de denuncia no se han institucionalizado, ni son referentes reconocidos por la ciudadanía en general ni por los servidores públicos en particular, quienes son los que tienen en la mayoría de las ocasiones contacto directo con los hechos de corrupción y son los que insistentemente señalan un mayor temor para denunciar estos mismos hechos. Existen mecanismos para atender las quejas y reclamos asociadas al servicio que se presta, mas no como mecanismo de denuncia sobre hechos específicamente asociados a corrupción. No existe dentro de ningún marco normativo ni regulatorio el señalamiento de los mecanismos de protección al denunciante para que sea socializado a la ciudadanía. Según el gobierno nacional están trabajando en el tema a partir de las leyes modelo de la OEA pero aun no ha habido avances en el tema.
Este proyecto de ley estuvo precedido por una consulta ciudadana que impulsaron varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Corporación Nuevo Arco Iris, la Corporación Transparencia por Colombia, la Corporación Viva la Ciudadanía y la Fundación Social, bajo la coordinación y el liderazgo de la Fundación Foro Nacional por Colombia, en alianza con el Ministerio del Interior, en trece ciudades del país. La consulta fue realizada a través de Mesas de Participación instaladas en cada ciudad, en las que durante cerca de cuatro meses participaron directamente más de 850 personas, en representación de 450 organizaciones de la sociedad civil y de algunas entidades gubernamentales nacionales y territoriales. El Proyecto de Ley incorpora insumos de factura ciudadana que le brindan solidez y legitimidad , así no todas las propuestas de la Mesas hayan sido acogidas por el Ministerio del Interior, la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
Si bien se evidencian los avances en la conformación y funcionamiento de la Comisión de Moralización Nacional como una instancia encargada en los temas de lucha anticorrupción atendiendo los temas de prevención, investigación y sanción, es necesario implementar las funciones que le asignó el Estatuto Anticorrupción. La misma situación se presenta a nivel de las Comisiones Regionales. Deben aprovechar el alcance regional. Desde el nivel central se debe hacer seguimiento periódico a las comisiones territoriales