1. Tras las acciones cuasi espontáneas se evidencia la intencionalidad de desestabilización
del orden constitucional, en el peor de los casos, o, en el mejor de los casos, un golpe de
timón en cuanto a la conducción de la política nacional.
LOS “DEMÓCRATAS”
DETRÁS DE LA
CONSPIRACIÓN
POR: MATEO IZQUIERDO / ATENTOECUADOR.BLOGSPOT.COM

2. 1
UN BALANCE DE
LAS MARCHAS
MARCHAS DE
JUNIO 2015
En el transcurso del mes de junio, actores políticos de oposición al
gobierno de la Revolución Ciudadana han protagonizado marchas y
concentraciones que han forzado un debate nacional acerca de la
estabilidad democrática y la permanencia en el poder del primer
mandatario, Rafael Correa. Se evidencia, tras las acciones cuasi
espontáneas y consignas, la intencionalidad de desestabilización del
orden constitucional, en el peor de los casos, o, en el mejor de los
casos, un golpe de timón en cuanto a la conducción de la política
nacional. Sin embargo, estamos en un momento en el que resulta
imprescindible hacer un balance de las manifestaciones, sus
orígenes y sus posibles desenlaces, dentro del complejo juego de
poder que se mantiene en constante evolución.
Como sociedad nos encontramos, por decir lo menos, en un
momento de transición del balance de poder. A los analistas políticos
les encanta hablar de la democracia como un péndulo que va y viene
de acuerdo a los tiempos. No obstante, en términos prácticos esa
transición se refleja en un supuesto flujo de percepciones colectivas y de madurez política que
hacen que la sociedad en masa se decante por una tendencia ideológica u otra. Esta dinámica
depende, en gran parte, del estado de ánimo de la sociedad respecto a sus perspectivas de
ascenso social, bienestar y capacidad de adquisición/ahorro, calidad de vida, y cumplimiento de
derechos. A esta premisa viene atada la hipótesis de que pese a la variación de modelos que
imponga uno u otro gobierno, en una sociedad en la que la democracia es fuerte los valores
fundamentales de la democracia no variarán. Es decir, que la institucionalidad democrática no se
modifica radicalmente, a pesar de los cambios de gobierno.
“Como sociedad nos
encontramos, por
decir lo menos, en un
momento de
transición del balance
de poder. A los
analistas políticos les
encanta hablar de la
democracia como un
péndulo que va y
viene de acuerdo a
los tiempos. No
obstante, en términos
prácticos esa
transición se refleja
en un supuesto flujo
de percepciones
colectivas …”

3. 1
Aquí es pertinente detenerse un momento
para desmontar esa presunción de
inalterabilidad de los valores fundamentales
de la democracia, en el marco de los
devaneos del juego democrático. Esto, porque
no podemos asumir que la sociedad
constituye una materia no maleable e inmóvil,
mientras la derecha y la izquierda se turnan la
gobernanza. En este ping-pong cambian las
formas de pensar sobre tópicos tan
determinantes del devenir histórico social
como la organización de la vida, la
distribución del poder económico y la
posibilidad de crecimiento personal. Cuando
mayores son las brechas entre cultura política
y acumulación de riqueza, más propensa será
la sociedad a una radicalización ideológica y
confrontación de diferencias. En ese marco,
no existe la supuesta convergencia de ideas
que debería existir en una democracia sólida,
sino una contraposición permanente que, a su
vez, radicaliza la vida política, eliminando el
balance, el sentido de centralidad que en su
estructura debería promover un sistema
democrático.
Este, nos han dicho, debiera ser el sistema de
gobierno ideal con el que toda la ciudadanía
estuviera de acuerdo porque en él se
encontraría todas las garantías políticas para
la realización personal. Lamentablemente,
esta idea está lejos de ser realidad, ya sea en
Estados Unidos, Europa o América Latina, en
tanto la democracia constituye únicamente el
minúsculo ámbito formal que avala la
transición de dominio entre bandos
opositores. La concepción de democracia se
reduce entonces al procedimiento electoral
del que parte esa sucesión. Entonces, el
ejercicio de la alternancia, que no implica
democracia necesariamente, emerge como el
fin último del contrato social, soslayando a
toda una realidad que, en el fondo del tejido
colectivo, sigue fracturando a la sociedad con
brechas irreparables e inequidad.
Ahora sí, habiendo repasado a groso modo la
dicotomía entre la teoría versus la praxis, me
remonto al fenómeno ecuatoriano como tal.
Digo fenómeno porque el caso ecuatoriano es
digno de investigación para cualquier
politólogo o sociólogo que se jacte de
estudioso de la acción colectiva, la
movilización social y la crisis de
gobernabilidad.
Solamente en retrospectiva hemos podido
comprender la magnitud de la movilización
social en el Ecuador de los años 90 y sus
causas. La acción colectiva y la movilización
surgen como única respuesta a la deficiencia
y/o inexistencia del Estado para canalizar las
demandas ciudadanas. Pero también surgen
como parte de un proceso social de
apropiación de conceptos sobre los derechos
colectivos, desarrollo humano y sostenible,
entre otros. Esto significó, al menos desde la
derecha, una crisis epistemológica en la que
un modelo de gobierno, con todo su bagaje
ideológico, fue el causante directo de una
crisis social que retrasó al país casi 20 años.
Para la izquierda significó dedicar todo su
contingente y despliegue a la exigencia del
cumplimiento de derechos, reivindicaciones
sociales y a contar las migajas que los
gobiernos de turno, cuando se sentían
bondadosos, arrojaban. Cuando logró
alcanzar dignidades de elección popular, no
pudo ocultar sus deficiencias al implementar
modelos de gobierno que no eran integrales y
que simplemente constituían la continuidad de
la solución parche que únicamente
complicaba más la desorganización jurídica e
institucional que iba ganando terreno.
En países como el Ecuador, ni la derecha ni la
izquierda han podido implantar sus modelos a

4. 1
cabalidad, sino solo parcialmente. En el
Ecuador, por ejemplo, nunca se aplicaron
medidas de ajuste estructural como tales y al
pie de la letra. Hacer todo lo que
recomendaba el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional no solo que era
inviable sino extremadamente impopular y,
como ya se ha comprobado, habría
significado la aniquilación de la inversión
social e incrementos aún más estrepitosos de
la pobreza extrema durante los 80 y 90. La
izquierda, que nunca llegó al poder en el país,
a excepción de algunos gobiernos locales y
curules en el Congreso Nacional, careció de
cuadros que se especializaran en gestión de
políticas públicas y estaba muy lejos de
asumir una apropiación de la administración
pública con una clara caracterización
dispuesta por un andamiaje ideológico.
La muy sonada “crisis de gobernabilidad” que
se posicionó entre los años 1996 y 2006, se
refiere más que nada a esa deficiencia
institucional del Estado. Lo que vivíamos era
el resultado de una acumulación de fracasos
de modelo de gobierno contrapuestos entre
sí, acumulados a través de los años, que
impedían un funcionamiento pleno de las
instituciones de forma integral, estructurada y
con visión nacional, estratégica y de
planificación.
No fue sorpresa entonces que a raíz de una
de las peores crisis de gobernabilidad que
haya vivido el Ecuador, surja un movimiento
social aupado de un discurso
refundacionalista. Era necesario empezar de
cero, refundar el país para así darle al Estado
la institucionalidad que había perdido. Este
discurso refundacional se basaba en marcar
un momento de ruptura con ese pasado
oscuro y una renovación nacional orientada a
la planificación, la inversión social y la
redistribución de la riqueza.
A pesar de haber logrado lo inimaginable,
articular en una sola agenda política a
prácticamente toda la izquierda en un inicio, el
gobierno de la Revolución Ciudadana se
rodeó de economistas tecnócratas,
pensadores de izquierdas, y gente con
trayectoria en aquel proceso organizativo de
acción colectiva y movilización social de los
grandes levantamientos indígenas y golpes de
Estado de antaño. Ciudadanos, algunos, que
pertenecieron a organizaciones políticas de
izquierda sí, pero otros a ONG de desarrollo y
benefactores del desarrollismo de la
cooperación internacional de aquellas épocas,
para crear un conglomerado diverso que
terminó siendo el gobierno Neopopulista
Nacionalista y Tecnocrático que conocemos
hoy.
Digo populista porque el populismo está
arraigado a nuestra psiquis colectiva, es parte
de nuestra cultura política e historia desde
Eloy Alfaro, pasando por Velasco Ibarra,
Carlos Guevara Moreno, Assad Bucaram,
León Febres Cordero, Abdalá Bucaram y,
ahora, Rafael Correa. Pienso que nuestra
madurez democrática en el 2006 no daba
para más y, es más, quizá aún no dé.
Nacionalista porque este proyecto
“refundacional” tenía que basarse en la
recuperación de la identidad nacional y el
orgullo cívico sí, pero también en el fomento
del crecimiento interno que la dictadura militar
de fines de los 70 no logró.
Tecnocrático porque se inspiró en teorías
subalternas que ofrecían recetas alternativas
para la reforma (democrática) del Estado, la
descentralización y la inversión pública desde
una visión del sur y en una coyuntura post-
neoliberal. La carga ideológica era clara, sin

5. 2
embargo es importante reconocer que el
proyecto político de la Revolución Ciudadana
fue, y aún es, una adaptación muy particular y
local de aquellas teorías y conceptos para
lograr su aplicación en un contexto histórico
dado.
Dentro de la agenda política hubo varios
factores que permitieron el ascenso, la
implementación del proceso y la sucesiva
cooptación de la institucionalidad del Estado.
Esto, no olvidemos, con el aval ciudadano (en
10 procesos electorales distintos) y los
recursos del petrodólar para hacerlo. ¿Y por
qué no hacerlo cuando se tienen todos los
elementos necesarios?
Sin embargo, nada es completo en la vida y la
gran falencia de la Revolución Ciudadana ha
estado en la incapacidad de la organización
política del movimiento del trasladar esta
agenda y “ciudadanizarla” en una militancia
operativa, eficiente y autónoma. El modelo
como tal es hiperpresidencialista. ¿Y qué?
Puedo aseverar sin beneficio de inventario
que no había otra forma de hacer las cosas,
de lograr lo logrado sin una mínima cantidad
de imposición. Los errores han sido múltiples
pero de igual forma han existido aciertos y
aún considero que los aciertos superan a los
errores.
Al margen de las calificaciones, que algunos
seguro proferirán generosamente, en ocho
años de gobierno se ha alcanzado la tan
ansiada estabilidad democrática que, en
nuestro caso, se da por múltiples factores,
entre los cuales está principalmente la
satisfacción de la ciudadanía por ver
reconocidos derechos, aún si existiesen
algunos que se sientan excluidos del parecer
mayoritario. Se ha consolidado un sistema de
planificación estratégica de desarrollo, una
institucionalidad innegable en base al impulso
de leyes, procedimientos y órganos que al fin
de cuentas sirven como engranaje de una
maquinaria más compleja. Me refiero a que la
Constitución, las leyes y todo el aparataje
estatal le son absolutamente funcionales al
actual modelo de gobierno y a ningún otro. No
cabe duda.
Se me hace imposible imaginar qué haría uno
de los actuales actores promotores de las
manifestaciones cuando al llegar al poder se
dé cuenta que la Constitución de la República
obliga al gobierno establecer un “Plan
Nacional de Desarrollo” con metas, objetivos
e indicadores sociales que se deben cumplir o
intentar cumplir en un plazo de 4 años. Me
causa gracia pensar que muchas, sino todas,
la leyes impulsadas durante este gobierno le
son absolutamente intranscendentes a
algunas de las figuras que aspiran llegar a la
Presidencia de la República. Todos los
avances en materia de derechos colectivos,
laborales, reforma de la justicia, sea cual
fuere, son irrelevantes pues su intención es
EMPEZAR DE CERO. También me causa risa
(y un poco de pena) pensar que los actores
de la izquierda radical quienes rumian en el
sindicalismo retrógrado o los restos de un
movimiento indígena abatido, creen que
estarán mejor con un gobierno de derecha.
Las movilizaciones de las últimas semanas
son el reflejo de un malestar que
experimentan varios sectores de la
ciudadanía, pero además reflejan el desgaste
del capital político que alguna vez tuvo el
gobierno para implementar, con cierta

6. 3
libertad, su agenda de mediano y largo plazo.
También son una expresión de hastío y
frustración de la clase política de oposición al
gobierno, que durante 8 años se ha visto
anulada en su afán por presentar propuestas
alternativas al modelo de gobierno en marcha.
El momento histórico en el que nos
encontramos actualmente como sociedad es
distinto al de aquel último escenario de
convulsión social del abril de los forajidos de
2005, que significó la caída del gobierno del
coronel Lucio Gutiérrez. Creo que los avances
en materia de apropiación ciudadana de
valores democráticos, de conciencia social
sobre derechos y de representación adecuada
han propiciado una madurez colectiva distinta
a la que existía en el 2005. Tal vez me
equivoque, pero considero que uno de los
logros que ha tenido el gobierno de la
Revolución Ciudadana es que la ciudadanía
ha llegado a esperar y exigir lo que necesita y
se merece. Y, en gran medida, ha tenido un
gobierno que se lo ofrece.
Bajo esta lógica, un reemplazo al modelo
actual, sea cual fuere, tendría que tener el
mismo nivel de ejecución, sino mayor, en
términos de redistribución de la riqueza,
equidad social y desarrollo, si pretende
sobrevivir. Al margen de las críticas en
diferentes ámbitos, pienso que la oposición
actual al gobierno no ha considerado que le
han colocado por delante una vara
extremadamente alta que superar. En otras
palabras, me da la impresión de que algunos
políticos simplemente se han limitado a querer
hacerse del poder, pero si lo lograsen no
sabrían qué hacer con él.
Está claro que una élite, extremadamente
exclusiva y excluyente, ha percibido que sus
intereses han sido afectados y quiere
provocar el derrocamiento del gobierno. Es
fácil darse cuenta de que la movilización de
las últimas semanas no es del todo ciudadana
pues no cuenta con un contingente realmente
“autoconvocado” y la presencia representativa
de sectores populares, de clase media baja y
media es inexistente. “Falta pueblo en la
Shyris”, escribió un asambleísta de oposición
en su cuenta de Twitter.
De otro lado, también se nota apatía en los
segmentos de la ciudadanía que se han visto
beneficiados por los programas y proyectos
del gobierno “a defender” de la Revolución
Ciudadana, pues no ha existido una
apropiación del proceso en marcha o una
militancia espontánea en función de aquello.
Lo que es evidente a simple vista es que hay
una conformidad y complacencia con la
obtención de prebendas, derechos y servicios
que la población ha demandado durante
décadas, pero también la realidad innegable
de que, habiendo alcanzado estos niveles de
calidad de vida, la ciudadanía descarta que
existe una posibilidad muy cierta de que esos
beneficios sean eliminados de llegar al poder
un gobierno de derecha.
Queda claro, una vez expuestos los
enunciados y reclamos de los grupos
manifestantes, que el diálogo no es una
opción y que lo único que empujan es la
salida del gobierno bajo la consigna “Fuera
Correa, Fuera”. Está claro también que la
reiterada e inalterable voluntad de generar
desestabilización pretende, al menos,
provocar que las Fuerzas Armadas
intervengan como lo hacían antes para
“quitarle el apoyo” al gobierno de turno con el
fin de -vaya paradoja- causar una ruptura del
estado constitucional y democrático de
derecho que dé lugar a la recuperación del
orden y la estabilidad (claro, el orden y la
estabilidad de las clases económicamente
dominantes).

7. 4
De todas maneras, la oposición de hoy ignora
no solo que la Ley que permitía aquel
atropello, ese de los militares bajando el dedo,
ya no existe (Ley de Defensa Nacional) sino
que la institucionalidad del Estado que en la
actualidad nos rige es mucho más sólida de lo
que era cuando sucedían esos casos. Tan es
así que cualquier otro gobierno de los últimos
20 años ya habría caído a estas alturas de la
movilización que vivimos en junio.
Pero más allá de disquisiciones ideológicas y
sin querer ser apocalíptico, existe un
escenario muy complejo que está más allá del
tan ansiado “éxito” que supondría una
aventura golpista como la que impulsan los
manifestantes azuzados por el discurso y el
dinero de ciertos políticos: el descalabro del
orden constitucional y democrático tendría
múltiples implicaciones pero la principal es
que se pretendería establecer un marco
normativo transitorio que conduzca a un
proceso constituyente para “restablecer” el
orden jurídico. Un orden, valga la
redundancia, hecho a la medida de los ilustres
demócratas que aúpan el ‘putch’ y que,
además, sea capaz de desmantelar los
rezagos de la institucionalidad construida por
la Revolución Ciudadana que quedarían
funcionando medianamente luego de un golpe
de Estado. Aquí lo complejo: desmantelar
toda la institucionalidad del Estado
ecuatoriano para empezar de cero es una
tarea titánica que demandaría mucho tiempo y
recursos, sin mencionar los costos sociales y
políticos que implicaría la reducción por partes
del aparato burocrático mediante despidos
intempestivos masivos y la venta de bienes
del Estado, por ejemplo. Un asunto espinoso
adicional será el de las cortes, tribunales,
consejos, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y
otros entes que, mal o bien, están articulados
y son dependientes del actual modelo de
gobierno. La complejidad de la articulación
intersectorial entre entidades del Estado,
autónomas o no, rebasa las pequeñas mentes
de algunos actores políticos que sueñan con
sentarse en Carondelet.
Ahora, y aunque a algunos periodistas y
políticos les dé urticaria, es mentira que en las
protestas de junio haya la tan mentada
“movilización social”, por la sencilla razón de
que no tiene las características de tal. Cuenta
con cierta organicidad sí, pero no es
representativa de todos los estamentos
sociales y los liderazgos que han pretendido
apropiarse de la movilización, dirigirla y
capitalizar de ella, corresponden a actores
que gozan de muy poca credibilidad o
legitimidad en el imaginario público. Entre
ellos no hay uno que tenga la capacidad real
de convocatoria o movilización que tiene
Correa, aún en sus niveles más bajos de
aprobación y credibilidad. Ninguno de estos
actores tiene la capacidad de inspirar al
segmento del electorado que se necesita para
elegir Presidente con una cómoda mayoría.
Aún no surge esta figura y no sé si logre
aparecer antes de las elecciones del 2017.
Esto, indudablemente, constituye otro motivo
de desesperación y, nuevamente, deja como
única opción el descalabro institucional para
llegar al poder, frente a la imposibilidad de
lograr ese objetivo de forma regular en
elecciones.
Queda claro lo que quieren. Queda claro
también que la oposición se encuentra

8. 5
sumamente desorganizada y sin una
estrategia de mediano o largo plazo. Sus
acercamientos con militares en servicio
pasivo, ex golpistas Gutierristas y organismos
internacionales como la National Endowement
For Democracy (NED) dan clara señal de
hacia dónde va la incipiente estrategia y su
nivel de desesperación.
La irrupción tardía y disparatada del alcalde
Mauricio Rodas en las manifestaciones de la
avenida Shyris demostraron que no tiene ni el
liderazgo ni el olfato político necesarios para
tomar la posta de las convocatorias y, mucho
menos, para perfilarse como una figura
nacional que promueva una coalición electoral
ganadora. Lo único que ocasionó su aparición
en las manifestaciones fue opacar al
asambleísta de CREO, Andrés Páez, quien
fue el instigador principal y cuya moribunda
carrera política vio reanimación temporal y
visibilidad mediática durante las primeras
semanas de la concentraciones.
La convocatoria masiva del alcalde Jaime
Nebot en Guayaquil demostró que las mejores
épocas del viejo lobo han pasado cuando, por
tercera vez durante el gobierno de la
Revolución Ciudadana, movilizó a la
ciudadanía guayaquileña, funcionarios
públicos y comerciantes de la bahía, con
menor contundencia que en ocasiones
anteriores. En su corto discurso se lo escuchó
desafiante; sin embargo, el cansancio y la
edad pudieron más que la rabia con la que se
expresó. De todas maneras, y aún en horas
bajas, la convocatoria de Nebot fue mayor
que cualquiera de las que ha protagonizado el
banquero-candidato Guillermo Lasso, quien a
pesar de haber emprendido en su campaña
electoral desde hace más de un año no ha
subido en niveles de aprobación y
credibilidad. Es obvio que su desbordada
estrategia de mostrarlo como un hombre
sencillo, benevolente y preocupado por la
población más vulnerable ha fracasado
rotundamente. El hombre definitivamente no
puede aparentar autenticidad y le ha sido
imposible deshacerse del estigma de
banquero. Por más que lo intenta no puede
ocultarlo.
Y así, mientras se agotan las opciones, las
ambiciones personales de algunas de las
figuras visibles de las últimas semanas han
minado la capacidad de la tendencia de
derecha de convocar a un segmento más
amplio de la ciudadanía a marchar. Es
concluyente entonces que entre ellos no se
ponen de acuerdo sobre cuál es el objetivo
final de semejantes acciones. Las marchas en
la avenida Shyris continuarán, pero no falta
mucho para que los empresarios y
ciudadanos que viven en esa calle empiecen
a exigir a los manifestantes que “ya dejen
trabajar”. Sin importar aquello, es inequívoca
la intención de incrementar el nivel de
confrontación con el gobierno, escenario que
indudablemente conducirá a que las fuerzas
del orden tomen las medidas necesarias para
garantizar la seguridad ciudadana y del
Estado. No estamos lejos de que la policía
adopte medidas de contingencia y contención
que seguramente traerán consigo
acusaciones de represión por parte de los
manifestantes y una fuerte visibilidad
mediática internacional que las marchas aún
no tienen.
Ahora les invito a pensar en una fase
posterior dentro de los escenarios probables.
Digamos que la tendencia opositora lograr
consolidarse en un bloque unificado, que
alcanza una movilización ampliada de la
ciudadanía y que, posteriormente, presenta
una agenda política de transición. Cómo va a
resolver el deshacerse de aquel gran
obstáculo que constituye un enorme
conglomerado de funcionarios públicos
(alrededor de 600 mil) que son dependientes

9. 6
del Estado y que, aliados o no al gobierno,
son las únicas personas que conocen cómo
operar la compleja maquinaria de la
administración pública actual. Evidentemente,
muchos cargos de libre remoción y puestos
de confianza los ocupará gente afín. Sin
embargo, los enunciados y declaraciones de
algunos actores, anuncian una suerte de
cacería de brujas que de ninguna forma
garantizaría la estabilidad laboral de los
funcionarios y mucho menos el supuesto
retorno a la tranquilidad que pregonan.
Lo que no queda claro es si entienden las
graves repercusiones que podrían provocar
sus acciones, de ser exitosas, para la
población en general, para la ciudadanía
común y silvestre, para los habitantes
apolíticos que son víctimas de juegos de
poder más complejos de lo que nadie se
imagina. ¿Han entendido el impacto que se
generaría a nivel internacional ahora que
existe una eficaz y proactiva UNASUR y que
la OEA ha decidido emprender un proceso
para recuperar su autoridad hemisférica tan
venida a menos, justamente por sus
reiterados fracasos al permitir que rupturas
del orden democrático dentro de sus
miembros queden sin sanción? ¿Han medido
las consecuencias que sobrevendrían si los
mercados internacionales deciden aislar al
Ecuador, como condena a cualquier aventura
golpista? Creo que ni los mismos empresarios
y actores políticos representantes de los
grupos de interés se han detenido a evaluar el
coletazo económico que los afectaría más a
ellos que a ningún otro grupo. Parece que su
irresponsable e irrefrenable deseo de
provocar el colapso de sistema democrático
ecuatoriano es más grande.
En fin, veo que hemos pasado el momento de
posible conciliación y diálogo, pues me temo
que no habrá diálogo alguno que apacigüe las
ínfulas golpistas de un sector muy limitado de
la sociedad que preferiría ver a Carondelet en
llamas, antes que negociar con un “tirano”. La
mentalidad obtusa de estos grupos no
entiende que la gobernabilidad no surge del
caos. Tal vez eso ni les importe siempre y
cuando salga del cargo el Presidente de la
República y se convoque a elecciones
anticipadas.
Sin embargo, quizá la más grave omisión de
esos grupos y de los actores que los agitan es
que la ciudadanía jamás aceptará que por
capricho de unos pocos, se vea afectada su
calidad de vida. De igual forma, creo que la
ciudadanía no será tolerante con esos actores
políticos que, contrario a su intención de
aparecer como los redentores de la
democracia, serán evidenciados como
golpistas y desestabilizadores que quisieron
meterse al poder por la ventana. Veremos qué
pasa.